El caso de Óscar Cusano, trabajador italiano en paro, evidencia las consecuencias de la entrada en vigor del RD hace tres años. A pesar de haber sido diagnosticado antes del 31 de agosto de 2012, el sistema de facturación, información y cruce de datos le impide acceder a pruebas diagnósticas para valorar su situación actual. Óscar ha sido excluido en el Estado español del derecho fundamental y universal a la atención sanitaria sin obtener hasta el momento una respuesta efectiva por parte de la Conselleria de Sanitat o de la Corte de Justicia de la Unión Europea
Tres años después de la entrada en vigor el RD 16/2012 que dejó sin derecho a la cobertura sanitaria a casi un millón de personas, las consecuencias en la población afectada constituyen auténticos dramas cuyo alcance es difícil cuantificar.
La Confederació General del Treball señala uno de ellos, el de Òscar Cusano, ciudadano italiano de 56 años, parado de larga duración y obligado a abandonar su hogar antes de que se ejecutara la orden de desahucio que pesaba sobre él.
Tres años después de la entrada en vigor el RD 16/2012 que dejó sin derecho a la cobertura sanitaria a casi un millón de personas, las consecuencias en la población afectada constituyen auténticos dramas cuyo alcance es difícil cuantificar.
La Confederació General del Treball señala uno de ellos, el de Òscar Cusano, ciudadano italiano de 56 años, parado de larga duración y obligado a abandonar su hogar antes de que se ejecutara la orden de desahucio que pesaba sobre él.
No sólo se le retiró su Tarjeta Sanitaria, a la que tuvo acceso cuando-llegó a España en el año 2006, sino que la nueva regulación puesta en marcha por el Gobierno del Partido Popular ha significado para él ser excluido de facto de la atención médica a la que, en teoría, debiera tener acceso por ser ciudadano comunitario y sin recursos.
Sin embargo, los hechos son tozudos: diagnosticado en 2011 de hipertiroidismo, desde la entrada en vigor del RD de medidas urgentes “para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, su situación, italiano que no ha llegado a vivir en Italia –tiene la nacionalidad por derechos de sangre en Argentina, su país natal – y carente de trabajo, ha bastado para que estar inmerso en un laberinto burocrático insalvable, hasta el momento.
En teoría, siendo ciudadano comunitario y parado, tendría derecho a la asistencia sanitaria por límite de rentas, pero, previamente, debiera presentar al Instituto Nacional de la Seguridad Social certificado de estar inscrito en el Registro de la Unión. Misión imposible, como ya avanzábamos, no ha llegado a residir en Italia y no consta registro alguno según el Consulado de Italia.
Ante ello, la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana sólo le ofrece una respuesta: podría acceder a la tarjeta sanitaria si encontrara trabajo.
Òscar se lamenta: “Parece una broma, me exigen que encuentre trabajo cuando existe una tasa de paro del 26%. Y yo les recuerdo que tanto la sanidad como el trabajo son derechos. Aquí se me están negando sistemáticamente ambos. ¿Qué hago?”
Su enfermedad requiere tratamiento, un seguimiento… Y todo ello le está vetado. Porque, aunque el texto de la Ley dice que “los pacientes cuyas enfermedades fueron diagnosticadas antes del 31 de agosto de 2012 pueden seguir acudiendo a sus consultas por dichos procesos sin que ello genere facturación”, el simple hecho de solicitar una cita dispara la implacable maquinaria de facturación/información/cruce de datos que le condena a ser un excluido por la vía de los hechos.
“Me encuentro”, prosigue Óscar, “con que la gran mayoría del personal sanitario tiene voluntad, pero no existen instrucciones claras sobre la manera de proceder”. De esta forma se conculca también el derecho a la correcta información para la protección de la salud de las personas y se deja al arbitrio de la interpretación de cada unidad de facturación o gestión de hospital o área si se cobran las urgencias o no. Y también si se atiende a menores o embarazadas o, como es el caso, si las patologías diagnosticadas antes de la entrada en vigor deben continuar su control y tratamiento.
CGT-PV exige la derogación del RD 16/2012
Las consecuencias del Real Decreto colisionan frontalmente con la declaración universal de los Derechos Humanos, la Constitución, los Estatutos de Autonomía y el propio Juramento Hipocrático del personal médico. Son también contrarias al derecho internacional público.
Asimismo, la Confederació General del Treball del País Valencià subraya la existencia de numerosos estudios que indican que la limitación a urgencias de casos como el de Óscar Cusano agrava patologías y aumenta costes. Este hecho, junto a la discriminación sanitaria, pone en peligro la salud pública y debería ser suficiente para dar marcha atrás con el Real Decreto.
En este sentido, el sindicato anarcosindicalista anuncia que llevará a cabo todas las acciones legales necesarias para hacer valer el derecho fundamental colectivo e inalienable a la salud universal.
Por último, CGT exige la atención y regularización de la asistencia sanitaria todas las personas inmigrantes o sin recursos, manifiesta el apoyo a la insumisión del personal sanitario ante este apartheid sanitario y social, y pide la derogación inmediata del RD 16/2012 y de todas leyes y decretos que hacen posible la exclusión de las personas del sistema sanitario público, universal y gratuito.
Fuente: CGT - País valencià
