Los tres imputados son miembros de CGT, entre ellos el Secretario General de CGT Andalucía, a los que se pide 18 meses de prisión, el juicio está previsto para el próximo día 15 de junio 2016 en el Juzgado de lo Penal 14 de Málaga.
A los tres miembros de CGT, por medio de los escritos de acusación realizados por el Ministerio Fiscal y la acusación particular por supuestos delitos de USURPACION y COACCIONES, se les solicitan penas de cinco meses de multa por Usurpación y 18 meses de prisión, inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y costas por Coacciones.
A los tres miembros de CGT, por medio de los escritos de acusación realizados por el Ministerio Fiscal y la acusación particular por supuestos delitos de USURPACION y COACCIONES, se les solicitan penas de cinco meses de multa por Usurpación y 18 meses de prisión, inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y costas por Coacciones. Igualmente se les reclama indemnización por vía civil para los herederos del Conde de Puerto Hermoso por daños supuestamente causados.
Los hechos que motivan la acusación se produjeron, el pasado 12 de abril 2013, cuando miembros de CGT, de Sindicatos alternativos y movimientos sociales protagonizaron la ocupación simbólica de una parcela en la localidad Malagueña de Pizarra. La parcela simbólicamente ocupada coincidía con los 78 metros de anchura de la Vía Pecuaria (realenga Málaga-Sevilla) que estaba vallada arbitraria y unilateralmente por el Conde de Pizarra (herederos) y en estado de semiabandono y sin cultivar.
El gesto de protesta tenía por objeto llamar la atención de la Junta de Andalucía para que recuperase ese terreno público para instalar huertos de mantenimiento de economía social, fomentar el cooperativismo y el autoabastecimiento con productos básicos de la agricultura hortofrutícola, paliando con ello la grave situación de precariedad que sufren múltiples familias de la zona del Valle del Guadalhorce en general y de Pizarra en particular, aprovechando además para poner en valor terrenos públicos que habían sido enajenados arbitrariamente al bien común.
Se hace preciso reseñar que tanto el Ayuntamiento de Pizarra como la Diputación Provincial de Málaga acordaron en sus respectivos plenos el apoyo a los encausados y solicitar la retirada de las imputaciones a quienes por reclamar lo que es de todos/as se ven acusados de la comisión de delitos por señalar y denunciar, precisamente, que terrenos públicos han sido usurpados a los verdaderos dueños de aquellos terrenos, la ciudadania.
Fuente: CGT - ANDALUCÍA
