Las distintas leyes de reforma del sistema de Seguridad Social en lo relativo a Pensiones, más allá de garantizar la consolidación de nuestro sistema público, universal y solidario, han supuesto la dinamitación del mismo.

La Ley 27/2011 de Zapatero, pactada con todas las fuerzas políticas y los sindicatos CC.OO y UGT, más la Ley 23/2013 reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del sistema de Pensiones de la Seguridad Social, han supuesto: la primera, una rebaja –media- en torno al 20%, mientras que la reforma del 2013 sumará una pérdida adicional del 15% por la reducción de la pensión media nominal tras la jubilación.

La Ley 27/2011 de Zapatero, pactada con todas las fuerzas políticas y los sindicatos CC.OO y UGT, más la Ley 23/2013 reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del sistema de Pensiones de la Seguridad Social, han supuesto: la primera, una rebaja –media- en torno al 20%, mientras que la reforma del 2013 sumará una pérdida adicional del 15% por la reducción de la pensión media nominal tras la jubilación.

Aún a pesar de estas rebajas significativas y, en consecuencia, un menor gasto, las cuentas de la Seguridad Social (que tienen presupuesto propio) vienen reflejando déficit contable (ingresos – gastos) a partir del 2011, situándose a finales del 2015 en 16.707 millones de euros.

Dicho déficit conlleva un apalancamiento de las políticas de consolidación fiscal, siendo uno de los factores en las cuentas generales del estado español, que desvía los compromisos con Bruselas, enfrentándose dicho estado al siguiente dilema: o bien aplicar recortes en el gasto (se baraja la cifra de unos 14.000 millones de € en los ejercicios 2016 y 2017), o bien subir los impuestos directos y/o indirectos para obtener mayores ingresos.

La descapitalización de la Seguridad Social

El que se haya tenido que tirar del Fondo de Reserva (la llamada “hucha” de las pensiones), no obedece sino a la grave caída de los ingresos vía cotizaciones (empresariales y trabajadores/as), a los mayores gastos del Estado al tener que abonar las cotizaciones en situaciones de desempleo (el cual se incrementó de manera espectacular a partir del 2011 y hasta el 2013), a los menores ingresos por cotizaciones dada la devaluación masiva de los salarios que se pagan a los nuevos contratos a partir de la reforma laboral del 2012 y al mayor gasto de las y los pensionistas que acceden a la situación de jubilación en estos años.

Los factores que explican la desposesión, el robo y el camino al desmantelamiento de nuestro sistema público de Pensiones:

1. En primer lugar nos encontramos que la gran destrucción de puestos de trabajo, las horas extraordinarias no pagadas y en consecuencia no declaradas y los contratos precarios, suponen una minoración de ingresos de 32.966 millones de euros.
2. El mercado de trabajo: el empleo nuevo que se genera, sus precios salariales por debajo de los 750€ y las cotizaciones de éstos, ha entrado en un campo lleno de minas, que hace crecer el ingreso respecto a los gastos, en tasas negativas. Es decir, se ingresa casi 2 puntos menos de lo que se gasta en prestaciones, mensualmente. Las Tarifas Planas y las exenciones de cotización empresarial (exención de cotizar hasta los 500€), además de las bonificaciones al empleo, permite dejar de ingresar 1.500 Millones de €.
3. La otra gran sangría es el mantenimiento de los topes máximos de cotización y las rentas salariales que se exoneran de cotizar, que ascienden a la friolera de 26.775 Millones de €.
4. Y, en el mismo sentido no reformador de todos los gobiernos, es la no equiparación de las bases medias de cotización entre el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) y el Régimen General, que sustrae otros 7.000 Millones de €.
5. Las subvenciones por bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social han supuesto 21.106 millones de ahorro a las empresas, a cambio de crear empleos precarios, inestables y baratos.
6. El recorte en la Ley de Dependencia ha supuesto, en cuatro años, desde que el PSOE “despidió” a cientos de miles de cuidadoras/es, la pérdida de 4.109 millones de euros en cotizaciones.

Las personas, todas: las pensionistas actuales y los millones de personas que accederán a pensión antes o después, tenemos la obligación moral y material de impedir que nos sigan robando y desposeyendo este Derecho Esencial para una vida digna: la pensión pública suficiente para todos y todas.

La MOVILIZACIÓN y el CONFLICTO SOCIAL es la única garantía de nuestros Derechos.

Porque TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS, llamamos a toda la clase trabajadora y a la mayoría social a la MOVILIZACIÓN.

Fuente: Secretariado permanente del Comité Confederal de la CGT