PSOE y Unidas Podemos han dado muchas vueltas para terminar el trabajo sobre memoria que han plasmado en una nueva ley, denominada de “Memoria Democrática”, y que, a nuestro entender, continúa siendo insuficiente para víctimas y familiares del terror franquista.
Desde CGT ya se presentaron aportaciones hace un par de años, cuando se tuvo constancia de que el autodenominado Gobierno más progresista de la historia de nuestro país tenía la intención de modificar la ley existente al respecto. Algunas de estas reivindicaciones han sido tenidas en cuenta, como la creación de un banco de ADN que facilitara la tarea de localización de los restos de personas represaliadas y asesinadas, el reconocimiento de los “lugares de memoria” o la “declaración de intenciones” de acceso a los archivos con información sobre estos crímenes para su investigación; archivos y documentos que esperamos queden libres de ser catalogados como secretos, reservados o cualquier otro subterfugio semántico-legal creado con la intención de esconder la verdad y garantizar la impunidad, y que aún no sabemos realmente hasta qué punto estará limitado por leyes como la de “Secretos Oficiales” de 1968, pendiente de reforma, e, increíblemente, vigente desde la época franquista. Lo poco que sabemos sobre esta reforma es la pretensión de mantener ocultos a la ciudadanía los documentos que se consideren durante 50 o más años. Por lo que seguirán siendo considerados secretos oficiales, imposibilitando su estudio y conocimiento, lo que invalidaría los laxos y poco definidos avances de esta Ley de Memoria Democrática en cuanto a conocer la verdad, y seguirían “protegiéndose” los secretos de la dictadura y de la transición. Esto sería inaceptable.
Tanto en la exposición de motivos como en el desarrollo de la propia norma a la que ya tenemos acceso para su análisis, sigue existiendo una actitud cobarde por parte del Estado español a la hora de abordar los hechos tal y como acontecieron, así como las causas y las consecuencias de la Guerra Civil, la dictadura y la “modélica” transición hacia el actual Estado democrático y de derecho en el que, teóricamente, vivimos.
Desde CGT consideramos que esta “nueva” ley de Memoria Democrática se queda corta por los siguientes motivos:
Período temporal
La ley contempla el período desde que se produce el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, y deja fuera buena parte del período de la transición española (1975-1982) durante el cual tuvieron lugar crímenes y montajes político-policiales contra muchas personas, organizaciones y colectivos que continuaron siendo el objetivo de los funcionarios del franquismo dado que estos permanecieron institucionalizados.
Desde CGT consideramos que desde 1975 hasta nuestros días, la extrema derecha –heredera de los golpistas y asesinos del 36- sigue fomentando el discurso del odio y las agresiones en base a su ideología, sobre todo desde que ha logrado ocupar escaños y tener sillones en parlamentos y gobiernos “democráticos”, en los que siguen sin condenar el franquismo.
Orígenes de la Guerra Civil 1936-1939
Desde CGT lamentamos que no se reconozca que la sublevación del Ejército, y su posterior golpe de Estado, estuvo respaldado por unos cómplices, sin cuya ayuda y colaboración directa la victoria de los sublevados-fascistas no se hubiera producido. La aristocracia, la nobleza, la banca, parte de la burguesía y la Iglesia católica fueron igualmente responsables del dolor, el hambre, la muerte, el exilio, la cárcel, la depuración en sus trabajos, la enfermedad, la miseria y la humillación que padecieron millones de españoles y españolas durante la guerra y los 40 años de dictadura.
Además, es de justicia reconocer la dejadez del Gobierno de la II República durante los primeros momentos tras la sublevación fascista. Su negativa a entregar armas a la clase trabajadora organizada, y al pueblo en general que se preparaba para poner en marcha la Revolución Social, fue determinante.
En este sentido, entendemos que la exaltación que se realiza en esta norma de la etapa política e histórica correspondiente a la II República española (1931-1936), es exagerada si tenemos en cuenta que durante estos años el poder también se ejerció para reprimir las reivindicaciones de la clase trabajadora. Las principales víctimas del Gobierno republicano fueron precisamente anarquistas que luego lucharon en el bando republicano contra el fascismo y por el triunfo de la Revolución Social, nunca por el ideal que encarnaba un Estado republicano. De hecho, la II República española siempre, desde su proclamación, fue un Estado burgués. No existió un “Gobierno rojo” en Madrid y la única respuesta organizada que se dio al avance del fascismo vino del movimiento obrero anarquista. Desde CGT no olvidamos que “República” es también sangre obrera: Fígols en 1932, Casas Viejas en 1933 o Asturies y Catalunya en 1934.
Ejemplos de luchas
La ley, en la exposición de motivos, hace referencia a las luchas por la libertad de etapas históricas anteriores, poniendo de ejemplo la Constitución Liberal de 1812 (Cádiz). Desde CGT consideramos que esta constitución burguesa, pensada y hecha por y para la burguesía, para la gente de una determinada clase social y que olvidaba a la mayoría social, no puede ser ejemplo ni compararse con la batalla que se llevó a cabo por parte de la clase trabajadora durante los tres años que duró la contienda tras el golpe de Estado.
La “intocable” Ley de Amnistía de 1977
La reforma política de Adolfo Suárez del 17 de octubre de 1977 y la de quienes se hicieron “demócratas” de la noche a la mañana, fue un pacto de silencio del que se beneficiaron –y se siguen beneficiando- cómplices y verdugos de la Guerra Civil, de la dictadura y de la transición. Esta ley, cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días con situaciones como las denunciadas por la Coordinadora Estatal de la Querella Argentina (CEAQUA) en casos como el de Rodolfo Martín Villa y otros criminales que, para bochorno de un país que se define democrático, siguen cobrando del erario público. Un país, que ha blindado a los criminales y a las instituciones que los alentaron, permitiendo que muchos de ellos hayan muerto en paz sin rendir ninguno cuentas por sus delitos.
Esta ley buscaba la “reconciliación social” entre españoles, y estaba encaminada a poner en marcha una transición que derivara en un régimen democrático. Mantener en vigor esta ley en la actualidad está impidiendo que los crímenes de lesa humanidad puedan ser juzgados según los tratados internacionales firmados por el Estado español en materia de Derechos Humanos. Desde CGT recordamos que estos crímenes y abusos se perpetraron por parte del bando vencedor hacia gente totalmente indefensa y abatida emocionalmente, que no pudo enfrentarlos, responder o defenderse en igualdad de condiciones.
Además, aunque se presupone que la justicia debe interpretar esta ley en base al Derecho Internacional, en la práctica no es así, como hemos comprobado con los ex funcionarios de la Monarquía y conocidos torturadores: Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, Roberto Conesa, Manuel Gómez Sandoval, Jesús González Reglero, Miguel Ángel Reglero, José Ignacio Giralte González y los funcionarios responsables de las torturas y asesinato del anarquista Agustín Rueda Sierra en la cárcel de Carabanchel el año 1978. La lista de esos criminales es extensa. Muchos de ellos serían condecorados por el primer Gobierno de la Monarquía democrática y recibirían condecoraciones y premios pensionados del erario público, que se han mantenido en nuestros días. Las repercusiones de las actuaciones de estos elementos y sus colaboradores, dirigidas, coordinadas y ejecutadas por estamentos y funcionarios estatales de la Monarquía, atentaron directamente contra personas y organizaciones democráticas legalizadas tras la muerte del dictador, en especial contra el Movimiento Libertario español y la organización anarcosindicalista CNT. Estas actuaciones encaminadas a la destrucción de organizaciones democráticas no han sido reconocidas ni reparadas por ninguno de los Gobiernos responsables de la Monarquía, que se han ido sucediendo desde el año 1978 hasta nuestros días.
Discursos de reconciliación
La nueva ley de Memoria Democrática, además, pretende fomentar un “discurso común”, basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de “totalitarismo político”. Si algo tenemos asumido desde nuestra organización es que nunca compartiremos ni discursos ni espacios con verdugos y cómplices de la Guerra Civil, la dictadura franquista, la transición española y la democracia actual.
Nuestras reivindicaciones como organización anarcosindicalista, heredera de la CNT de 1910, pasan por la exigencia de que se investigue y se conozca la verdad, se haga justicia, se repare el daño causado a víctimas y familiares, y se establezcan garantías de no repetición del terror franquista. Esto no es incompatible con el hecho de que cada persona, desde su libertad individual, decida perdonar o no a quienes durante más de 40 años se dedicaron a asesinar, represaliar, humillar y desaparecer seres humanos.
El concepto de “víctima” no se separa del de “verdugos”. Se discrimina a parte de las víctimas.
En la nueva norma elaborada por el Gobierno de PSOE-UP se expone en el artículo 3 el concepto de «victima», englobando en el mismo a «todas las víctimas de la Guerra». Desde CGT consideramos que no todas las personas que perdieron la vida durante la Guerra Civil pueden gozar de tal consideración. Los fascistas se levantaron contra un Gobierno legítimo y por la fuerza impusieron su ideal de nación, religión, moral, educación, etc.
Desde CGT afirmamos que es un infame «sinsentido» político y moral mantener en el ordenamiento jurídico el artículo 10 de la Ley anterior que discriminaba a las víctimas de la represión franquista por el hecho de haber sido ejecutadas antes o después del 1° de enero de 1968. Una discriminación que, además de ser infame por dividir a las víctimas de la represión franquista e indemnizar trece veces más a unas que a otras en función de una fecha escogida arbitrariamente, también lo es por «justificar» tal infamia en base a «las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte» y haber fallecido «en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos».
¿Cómo se pudo pretender que «las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte» solo lo fueron para las fallecidas después del 1º de enero de 1968, y que no fallecieron todas «en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos»? ¿Cómo se pudo y se puede considerar que el comunista Julián Grimau y los anarquistas Francisco Granados y Joaquín Delgado ejecutados en 1963 y tantos otros militantes políticos y sindicales ejecutados antes del 1 de enero de 1968 (entre ellos el cenetista Joan Peiró, el Presidente Companys y el socialista Julián Basteiro) no murieron también «en defensa de la democracia”?
Desde CGT preguntamos: ¿Por qué en la nueva Ley no se han recogido las enmiendas de UP y ERC proponiendo un articulo con una reparación única para todas las personas beneficiarias de quienes fallecieron o desaparecieron por la represión franquista, a manos de funcionarios del Estado u organizaciones paramilitares, hasta 1982?
Título preliminar: Objeto y finalidad de la ley.
La nueva ley pretende adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión. Desde CGT nos preguntamos: ¿qué lazos de unión pueden existir entre los descendientes de aquellos golpistas asesinos, que ocupan cargos en parlamentos e instituciones “democráticas” (Ejército, Guardia Civil, Policía Nacional. Etc.).? A la vista está que desde estas instituciones públicas se continúan realizando y respaldando actos, en pleno 2022, de homenaje y exaltación al franquismo y a sus figuras más representativas. Desde CGT consideramos que si estos hechos siguen estando de actualidad es debido a la falta de una condena total por parte de estas instituciones. Mientras no ocurra tal cosa no podrá existir ninguna base para un posible diálogo social.
Colaboración entre Administraciones públicas
En su artículo 16, la nueva ley expone la pretensión de adoptar medidas para asegurar el intercambio de información y la actuación conjunta en la gestión relativa a la elaboración y actualización de mapas de fosas y el registro de víctimas. Desde CGT no vemos claro que esto vaya a ocurrir fácilmente, sobre todo cuando el Gobierno de una Comunidad Autónoma esté controlado por la extrema derecha, como ya está ocurriendo en determinados territorios del Estado español.
Derecho a la justicia truncado
No supondrá el cambio esperado por las víctimas, familiares y organizaciones memorialistas que llevan tantos años esperando a una verdadera justicia, reparación y garantías de no repetición, y a quienes no se ha consultado para la redacción de esta reforma.
La Ley de Amnistía no se deroga ni total ni parcialmente, y tampoco se recoge explícitamente la aplicación e imprescriptibilidad de crímenes contra la humanidad en fechas anteriores a 2004, cuando se incluyeron en el código penal español.
Hay una clara diferencia de trato con respecto a otros colectivos de víctimas de la violencia que han sido reconocidos, reparados y han tenido pleno acceso a la justicia. Este no va a ser el caso. Al reconocimiento de la ilegalidad y nulidad de los tribunales golpistas y sus sentencias se añade el redactado del artículo 5.4 que de facto impedirá una reparación real, no permitiendo que se pueda exigir una responsabilidad patrimonial al Estado, vaciando de contenido el concepto mismo de justicia, y favoreciendo la destrucción de pruebas de miles de crímenes cometidos por el franquismo al impedir la judicialización de los procedimientos.
Ni se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes sufrieron graves violaciones de derechos humanos por el franquismo, ni los expolios patrimoniales serán revertidos, ni ningún daño compensado o indemnizado. Lo único que se garantiza es la impunidad de todos estos crímenes.
Desde CGT seguiremos luchando hasta que todas las víctimas del franquismo reciban verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y el reconocimiento que merecen.
Confederación General del Trabajo-CGT
Agosto 2022
