Mientras no se garantice una alternativa habitacional para los 500 vecinos y vecinas del municipio que allí residen, el desalojo supone una muestra de abandono institucional hacia familias trabajadoras.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) solicitamos al Ayuntamiento de Níjar y a su alcaldesa Esperanza Pérez que la comunidad de El Walili sea realojada en viviendas dignas por los servicios sociales municipales antes del derribo de sus precarias viviendas, o que se paralice su ejecución hasta encontrar una solución. Ese asentamiento poblacional pone de manifiesto el abandono institucional al que se ha llevado durante años a una población formada en su mayor parte por trabajadoras y trabajadores migrantes del sector agrícola almeriense.
En los últimos 20 años Níjar ha duplicado su superficie de invernaderos, pasando de 3.373 hectáreas en 2001 a más de 6.500 en 2022, sin que se haya planificado alojamiento para las personas que allí trabajan, aumentando el déficit crónico que tiene la localidad en oferta de vivienda no turística. Esta situación ha provocado la proliferación de infraviviendas y poblados de chabolas. En el año 2017 los servicios sociales identificaron a un total de 3.014 personas viviendo en esta situación. Una cifra que no ha parado de crecer, al igual que el valor de las exportaciones de las empresas agrícolas en las que estas personas trabajan; más de 3.000 millones de euros.
CGT, en tanto que organización sindical que defiende los intereses de la clase obrera sea cual sea su lugar de origen, apoya la lucha de la Plataforma Derecho a Techo en defensa de la comunidad poblacional de El Walili. Exigimos además que la alcaldía de Nijar, la Subdelegación de Gobierno en Almería, el Defensor del Pueblo Andaluz y otras instituciones no eludan el grave problema que hay en la provincia con las personas trabajadoras que no pueden acceder a una vivienda digna. Requerimos al Ayuntamiento de Nijar la inmediata paralización del derribo de El Walili y el restablecimiento de los servicios de luz y agua mientras no se les ofrezca una alternativa habitacional digna y asequible a sus habitantes. El desalojo de El Walili va a empeorar la circunstancias sociales, económicas y de salud mental de una clase trabajadora explotada y desatendida de sus derechos básicos.
Precisamente, en la defensa de la clase trabajadora y sus dignidad, la CGT estará siempre en la primera línea de la lucha.
