Durante los últimos meses, desde CGT estamos llevando a cabo una campaña en la que denunciamos los preocupantes datos sobre siniestralidad laboral recorriendo diferentes puntos del Estado, al igual que exigimos medidas urgentes para que estas cifras se minimicen lo máximo posible.
En esta ocasión la movilización se convoca en un territorio, Castilla–La Mancha (concretamente en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el martes 20 de febrero a las 18h, en la Plaza del Ayuntamiento), donde los datos de siniestralidad laboral dan unas cifras más que preocupantes.
Basándose en los datos del último período disponible, comprendido entre enero y noviembre de 2023, se puede observar cómo, a pesar de que en Castilla–La Mancha se ha producido un descenso de los accidentes laborales leves y graves durante la jornada laboral y de los accidentes en el trayecto de ida y vuelta al trabajo con efectos mortales, por el contrario, han aumentado los accidentes en jornada laboral mortales y también los accidentes in itinere de gravedad.
La provincia con más accidentes totales es Toledo, en consonancia con su mayor tamaño, seguida de Ciudad Real. No obstante, en 2023 destaca negativamente el caso de Cuenca, con una incidencia de accidentes graves y mortales totalmente desproporcionada respecto a su menor número de habitantes. De hecho, si se comparan los índices de incidencia mensual de accidentes mortales (que ponen en relación los accidentes con el número de habitantes), en 2023 Cuenca ha tenido un índice de 0,935, casi triplicando al siguiente más elevado, Albacete, con un índice de 0,373.
Castilla-la Mancha destaca por ser una de las comunidades autónomas con más accidentes laborales. En el período entre enero y noviembre de 2023 ha sido la cuarta comunidad autónoma con mayor incidencia, sólo superada por Baleares, Navarra y La Rioja, y con casi 40 accidentes laborales más al mes por cada 100.000 trabajadores que la siguiente región en el ranquin, Murcia.
Esta dinámica no se limita a 2023, sino que ha sido una constante a lo largo del tiempo. Desde 2008, el índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja en Castilla-La Mancha se ha mantenido ininterrumpidamente por encima del índice para el conjunto de España. La dinámica del indicador para el Estado Español es similar a la de Castilla-La Mancha mostrando una reducción de los accidentes hasta 2016 y, a partir de ahí, se produce un estancamiento (con la excepción de la caída de 2020 motivada por la pandemia). Sin embargo, a pesar de la tendencia general, en Castilla-La Mancha se han producido durante todo el período más accidentes por cada 100.000 trabajadores que en la media del Estado, con una diferencia notable, que en su punto más bajo (2012) fue de un 17% superior y en su punto más alto(2022)un 37% superior.
Por otro lado, el índice de incidencia de accidentes mortales muestra un comportamiento similar, siendo superior en Castilla-La Mancha durante todo el periodo, con la excepción de 2014.
En números absolutos, y teniendo en cuenta tanto los accidentes en jornada de trabajo como in itinere, en 2022 se produjeron 38 muertes y en 2023 (hasta noviembre) se han producido 32. Sin tener en cuenta las cifras de 2023, que no están completas, los datos arrojan una media de 38,8 muertes al año en los últimos 10 años que supone que en Castilla-La Mancha se producen 3,2 muertes en accidentes laborales al meso, lo que es lo mismo, una persona muere en accidente laboral cada nueve días y medio.
La campaña que está llevando CGT recorriendo los diferentes territorios del Estado, está poniendo en evidencia cómo territorio tras territorio los datos sobre siniestralidad laboral indica la nefasta política preventiva tanto de los gobiernos autonómicos como del gobierno estatal. Los datos ofrecidos sobre Castilla–La Mancha, sumados a los ya señalados para otros territorios y en todo el Estado en movilizaciones anteriores, reflejan la auténtica sangría que suponen los accidentes laborales, muertes evitables que no son casuales, sino que responden a una situación estructural. La dejadez de los gobiernos autonómicos y estatal y su connivencia con los empresarios, que sólo ven en los trabajadores una mera mano de obra reemplazable para aumentar sus ganancias, son responsables de este problema tan grave. Sin unas medidas preventivas adecuadas, sin unos gobiernos que obliguen a las empresas al cumplimiento íntegro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que se repiense el valor de la vida de la ciudadanía, sin un sindicalismo fuerte que exija a la patronal y a las administraciones medidas urgentes al respecto, la clase trabajadora seguiremos estando expuestos a diario a cientos de peligros, incluida la muerte, por el mero hecho de acudir a nuestro puesto de trabajo.
