Las medidas anunciadas por el Ministro son anticonstitucionales, de no modificarse la LOE.- Desde la Federación de Enseñanza de CGT mostramos nuestro rechazo a las medidas que el Ministro SR Wert ha anunciado en el día de ayer a las personas responsables de la educación en las diferentes comunidades autónomas del Estado.
En primer lugar por entender que nacen de un improvisado afán demagógico para anunciar que el Gobierno del PP desea fervientemente reducir el gasto público. CGT entiende que el Ministro no tiene datos fiables sobre cómo debe evolucionar el gasto en educación. Entendiendo que difícilmente puede hacer cuentas sin conocer los ingresos que el estado tendrá.
En primer lugar por entender que nacen de un improvisado afán demagógico para anunciar que el Gobierno del PP desea fervientemente reducir el gasto público. CGT entiende que el Ministro no tiene datos fiables sobre cómo debe evolucionar el gasto en educación. Entendiendo que difícilmente puede hacer cuentas sin conocer los ingresos que el estado tendrá. Sin una política agresiva recaudatoria de impuestos en grandes fortunas y movilización de los pasivos y persecución del fraude sobre todo en paraísos fiscales, no es coherente plantear reducciones de las obligaciones sociales que el estado contrajo con la ciudadanía, y que competencialmente están en manos de las autonomías.
En segundo lugar porque si de medidas extraordinarias se tratara estas deberían afectar a todo el sistema educativo no sólo al sector público. La enseñanza privada no parece verse afectada en modo alguno, de forma que no es difícil concluir que se aprieta una vez más a quienes menos tienen, a las clases populares y trabajadoras.
En tercer lugar porque estas medidas requieren para ser legales alterar sustancialmente la Ley Orgánica de Educación. Con respecto al pretendido obligado incremento de alumnado el artículo 87, hace referencia al Equilibrio en la admisión de alumnos, que encomienda “ Con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades, las Administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.” Llegando a establecer la proporción de alumnos de estas características que deban ser escolarizados en cada uno de los centros públicos y privados concertados y garantizarán los recursos personales y económicos necesarios a los centros para ofrecer dicho apoyo.” Estableciendo en su apartado segundo que esas administraciones (no el Estado) “podrán autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos por aula en los centros públicos y privados concertados… para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía”. También el artículo 157 que homologa los recursos para la mejora de los aprendizajes y apoyo al profesorado, recoge en su apartado primero que “Corresponde a las Administraciones educativas proveer los recursos necesarios para garantizar, en el proceso de aplicación de la presente Ley: a) Un número máximo de alumnos por aula que en la enseñanza obligatoria será de 25 para la educación primaria y de 30 para la educación secundaria obligatoria.” Además la Disposición final quinta establece el Título competencial y confiere carácter básico a estos dos artículos al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.1.ª, 18.ª y 30.ª de la Constitución. Por ello CGT entiende que cualquier modificación del número máximo de alumnos y alumnas por aula de no modificarse esta Ley Orgánica sería anticonstitucional.
CGT hace un llamamiento a madres y padres, alumnas y alumnos, así como personal que trabaja en los centros educativos para que se pronuncien con urgencia contra estas medidas anunciadas. Urge constituir un frente común que persuada al Gobierno de realizar tamaño desafuero.
Federación de Enseñanza de CGT
