Bankia, el gran robo a la ciudadanía

Hace dos años, y en base a un consenso-expréss entre Zapatero y Rajoy sobre la llamada “Ley de Cajas”, se llevó a cabo la primera fusión de Cajas de Ahorro, las llamadas “fusiones frías”, y allá volaron 10.189 millones de euros del FROB (Informe de Situación del Banco de España, 29-06-10) , créditos con dinero público que, sumados a los 2.300 millones del fondo para sanear Caja Sur (Arzobispado de Córdoba) y los 3.375 millones destinados por el Fondo de Garantía de Depósitos para tapar el agujero de Caja Castilla-La Mancha, dieron un montante inicial de 16.264 millones de euros, destinados básicamente al proceso de saneamiento de balances, cierre de oficinas y destrucción masiva de empleo en el sector (inicialmente, con un objetivo de supresión de 30.000 puestos de trabajo).

Aquellos 10.189 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), eran créditos que en teoría tenían que devolver al 7,75% de interés. De esa cantidad, 4.464 fueron a parar a la fusión que dio origen a Bankia. La parte del león, fue dedicada casualmente a la fusión liderada por Caja Madrid y Bancaja, dos entidades donde ya entonces se podía constatar el reparto de cargos con altos sueldos, entre políticos del PP y sus familiares, todo un fabuloso ejercicio de nepotismo y muy poca vergüenza, al que cabe añadir la gestión delictiva de los gestores, que antes presumíamos, pero que ahora constatamos.

El pasado 9 de mayo, el Banco de España comunicaba que el FROB ejecutaba la convertibilidad en acciones de los 4.464 millones de euros, con lo que el Estado se hacía con la propiedad del 45% de la entidad. Eso suponía, de hecho, la nacionalización de Bankia. Es decir: primero, a los ciudadanos se nos hace adquirir, de manera tramposa, unos activos altamente tóxicos, los créditos FROB, para después pasar a ser directamente propietarios de una empresa privada arruinada.

Una vez dimitido Rodrigo Rato y todo su equipo de sueldos multimillonarios, viene el nuevo gestor de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri (aquel que tiene reservados para su jubilación del BBVA, 52 millones y medio de euros) y viene a reclamar a fondo perdido otros 19.000 millones de euros que, sumados a la cantidad anterior, supone un desvío de 23.464 millones de euros de todos los ciudadanos y ciudadanas (500 euros por habitante del Estado español) para adquirir una entidad privada hundida por la codicia, la mala gestión y la presunción de graves delitos, sin que se tengan noticias del procesamiento de los responsables, ni del retorno de los fondos substraídos.

Ante este robo escandaloso a la ciudadanía, que lo está pagando a base de paro, empobrecimiento, recortes, pérdida de derechos, privatización de servicios y bienes públicos, que ha servido para engrosar el botín de esta presunta banda de irresponsables instalada en la propia entidad, y ante la presunción de que el caso de Bankia no será el único (el propio Banco de España calcula que el total de activos tóxicos en las entidades puede llegar a los 184.000 millones de euros, un 18% del PIB, casi 4000 euros por habitante), la Federación de Servicios Financieros de la Confederación General del Trabajo (C.G.T.) exige:

La investigación en profundidad, imparcial e independiente de los hechos que han provocado los agujeros negros, de dimensiones históricas, en las entidades financieras.
El procesamiento de los gestores responsables de estos hechos, desde las antiguas Caja de Madrid y Bancaja, y posteriormente de Bankia, con devolución de las cantidades substraídas, embargo de los bienes de su patrimonio personal para tal fin, y anulación de todos los sueldos millonarios de los directivos.
Investigación y, en su caso, procesamiento de los responsables del organismo supervisor, el Banco de España, comenzando por todavía gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por su conducta negligente y/o cómplice del fabuloso desfalco al erario público que se ha llevado a cabo.
Dimisión del ministro De Guindos, antiguo ejecutivo para España y Portugal de Lehman Brothers (banco norteamericano que quebró en 2008 por las hipotecas basura), por su responsabilidad al traspasar ese enorme agujero de pérdidas privadas al sector público.
El cese de los recortes en servicios sociales, educación y sanidad. La crisis de Bankia demuestra que ya que es posible, al parecer, tapar semejante agujero, también es posible mantener y mejorar los servicios públicos, especialmente en sanidad, educación y protección social. Hay que decir que el agujero que nos tocará tapar en Bankia supone más del doble de la suma de los recortes en sanidad y educación, que el Gobierno de Rajoy está llevando a cabo.
La creación de unos servicios financieros de carácter público, prácticas éticas y control democrático, al servicio de los derechos de la población trabajadora, del cooperativismo y de la economía productiva. Esta necesidad social urgente, para acabar con la rapiña que caracteriza a la banca privada en régimen de monopolio, nada tiene que ver con las fórmulas empleadas en la nacionalización de Bankia, aplicadas con la intención de sanear la entidad con dinero público, para después venderla a la banca privada. La banca pública que reclamamos, por el contrario, es la vía imprescindible para romper con las reglas de la especulación capitalista, y de sus gestores que están llevando, a pasos acelerados, al conjunto de la sociedad hacia el precipicio.
El mantenimiento del empleo en el Sector, sin pérdidas de derechos, y la integración de las oficinas de las Cajas de Ahorros en la red pública de servicios financieros.