Pero también más allá de las fronteras de México, parece ser que influyen en las decisiones judiciales de políticos tales como Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, y Eduardo Medina Mora, actual procurador general de la República, quien entonces ejercía como secretario de Seguridad Pública. Así, el pasado 7 de julio, el juez de la Audiencia Nacional del Estado Español, Fernando Grande-Marlaska inadmitía la querella presentada por Cristina Valls el 25 de enero de 2008 contra 140 funcionarios mexicanos por el uso de la agresión sexual y violación como método de tortura contra las mujeres. La defensa, ejercida por Women’s Link Worldwide, por supuesto, presentaba recurso de apelación el 14 de julio.
¿Qué hay de común entre las citadas decisiones judiciales ? Principalmente, un contexto de mercantilización sin tapujos en las relaciones entre México y Europa. Afinidades no ocultadas entre el gobierno ultraderechista mexicano de Felipe Calderón y el socialista español de Rodríguez Zapatero.
«La letra con sangre entra» dice el refranero español. Ésta es la lógica y el lenguaje de cualquier Estado y de las Corporaciones multinacionales, a quien se rebela contra la injustícia organizadamente, se le responde con manipulación informativa, aislamiento, y hasta con cárcel, y para los responsables de la represión : impunidad.
Nada es definitivo, tampoco estas sentencias, mediante la organización y la lucha social podemos alcanzar cualquier sueño, también el de sacar a los presos polític@s de los penales de Atenco, de todo México y del mundo, como también parar las agresiones contra la autonomía zapatista en Chiapas. Nada es defintivo, pero debemos tenerlo claro : si nos tocan a un@, nos tocan a tod@s.
Desde la CGT elevamos nuestra indignación y repudio por las sentencias a nuestros compañeros presos en Atenco y seguimos caminando enérgicamente en la lucha por ese nuevo mundo en el que creemos, en el que las personas y la participación directa en la resoluciòn de sus asuntos y problemas está por delante de cualquier interés económico.
Madrid, Estado Español, 22 de agosto de 2008.
Fuente: Equipo RR.II. CGT
