...mientras contrata una empresa privada para que busque trabajo a los despedidos de la empresa pública IVVSA
La Confederació General del Treball manifiesta su oposición a la política del Consell consistente en arremeter contra la función pública para beneficiar a sus amigos de la empresa privada
Mientras el Consell decide despedir a 360 trabajadores de las oficinas de empleo del SERVEF (prospectores de mercado, personal de apoyo y orientadores) se gasta 224.000 euros en contratar a una empresa privada para “orientar” en la búsqueda de empleo al personal que va a despedir en el IVVSA (Instituto Valencia de Vivienda dependiente de la Generalitat Valenciana).
Así, las mismas funciones que tiene atribuidas el organismo público SERVEF son las que contrata el Consell para que las haga la empresa privada. En lugar de mantener un servicio público de empleo que funcione bien, el Consell decide quitarse de encima a los funcionarios y funcionarias del SERVEF que podrían ser “muy peligrosos” si ejercen su función de velar por la legalidad y los intereses generales de los ciudadanos.
Así, las mismas funciones que tiene atribuidas el organismo público SERVEF son las que contrata el Consell para que las haga la empresa privada. En lugar de mantener un servicio público de empleo que funcione bien, el Consell decide quitarse de encima a los funcionarios y funcionarias del SERVEF que podrían ser “muy peligrosos” si ejercen su función de velar por la legalidad y los intereses generales de los ciudadanos.
La CGT se pregunta si el ERE del IVVSA realizado por la consultora privada Deloitte, que ya costó a las arcas públicas 254.000 euros, responde a unas cuantas preguntas clave que interesan mucho a la ciudadanía, que tiene derecho a acceder al empleo público en las mismas condiciones de igualdad que los afiliados, simpatizantes y familiares de un partido político. En este sentido, cabría preguntar cuántos despedidos ahora entraron en el IVVSA a través de procedimientos selectivos que aseguraran los principios constitucionales de mérito, capacidad y publicidad.
Para el sindicato anarcosindicalista, sería interesante que se aclararan estas cuestiones antes de la aprobación del ERE y del pago de indemnizaciones millonarias a “despedidos de lujo” con cargo a las ayudas del Plan de Vivienda que, por cierto, no se pagan a los ciudadanos desde haces meses e incluso años. Y es que, a juicio de CGT, quizá lo tengan que hacer los Tribunales de “Justicia”, si ellos no lo hacen.
CGT señala que así maltrata el Consell a sus empleados públicos, los despide, y beneficia a sus amigos de la empresa privada con dinero público. Finalmente, el sindicato exige el fin de las privatizaciones y de corrupción.
Sindicato de Administración Pública CGT-Valencia
Valencia, 15 junio 2012
Fuente: Sindicato de Administración Pública CGT-Valencia
