CGT considera que el sr. Griñan y sus representantes políticos en cada Consejería de la Junta de Andalucía deben exigir a las empresas contratadas por ella, en los servicios externalizados, o mejor dicho, conferidos a la gestión privada, que respeten los derechos laborales, incluidos los salariales y de contratación, de sus trabajadoras y trabajadores.
En el caso de la contratación de las dos intrérpretes de lengua de signos que han sido represaliadas por la empresa CLECE al interponer demanda por despido improcedente, CGT entiende que la Junta de Andalucía debe exigir a CLECE la readmisión inmediata de las personas ilegalmente despedidas. Primero por el compromiso ético que el sr. Griñan no cansa de repetir tiene al estar en la Política y segundo, por la coherencia de quien debe velar por el cumplimiento de la ley. Y los despidos de estas trabajadoras (como de otras) es ilegal.
En el caso de la contratación de las dos intrérpretes de lengua de signos que han sido represaliadas por la empresa CLECE al interponer demanda por despido improcedente, CGT entiende que la Junta de Andalucía debe exigir a CLECE la readmisión inmediata de las personas ilegalmente despedidas. Primero por el compromiso ético que el sr. Griñan no cansa de repetir tiene al estar en la Política y segundo, por la coherencia de quien debe velar por el cumplimiento de la ley. Y los despidos de estas trabajadoras (como de otras) es ilegal. Este caso es una ocasión más para que la Junta de Andalucía exija a todas las empresas y ONGs subvencionadas a que sean escrupulosas en el respeto de los derechos laborales de sus trabajadoras y trabajadores. Es evidente que la relación contractual de una empresa privada con un ente Público debe ajustarse a un código deontológico, exigible contractualmente, de forma que el incumplimiento de la ley automáticamente conlleve la rescisión del contrato y exigencias de responsabilidades.
No es posible que quienes han prometido (incluso jurado) cumplir y hacer cumplir la ley, se hagan el “sueco” cuando empresas privadas que ellos contratan despidan ilegalmente a personal, fuercen ilegalmente las condiciones de trabajo o no paguen las nominas, cuando han recibido el dinero para ello. Casos de empresas de comedores escolares u ONGs que adeudan meses de salarios a sus trabajadoras y trabajadores.
El pasado 26 de noviembre se celebró ante el tribunal número 3 del juzgado de lo social de Granada el juicio por la demanda presentada por dos intérpretes de lenguaje de signos de ámbito educativo (Celia y Sandra) Tras la sucesión de empresas la actual contratante, CLECE, ha forzado a las trabajadoras no contratándolas a principio de este curso escolar para que así retirasen la demanda por despido improcedente. CLECE justifica que ambas trabajadoras “no han sido contratadas por asuntos propios de las mismas”, cosa que no es cierta.
aunque existen pruebas de la presión a la que se han visto sometidas desde el mes de junio hasta instantes previos a la celebración del juicio.
La CGT pide la readmisión de estas dos trabajadoras que no han sido contratadas por CLECE al no retirar la demanda interpuesta.
Actualmente, el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, tiene encomendada la gestión de otros servicios complementarios, entre ellos, la contratación de los monitores de Educación Especial, de Apoyo Administrativo y de Interpretación de Lenguaje de Signos.
CGT denuncia que la Consejería de Educación se inhibe ante el aumento de la precariedad laboral del personal de los servicios educativos que el ISE gestiona con empresas privadas. Otro ejemplo más es la adjudicación de las monitoras de educación especial en los centros educativos públicos de Granada que gestionaba la empresa FREGRADI con contratos de trabajo como fijos discontinuos han pasado a otra nueva empresa DIMOBA, haciéndoles firmar nuevo contrato por obras y servicios para el mismo trabajo. Entendemos que la Consejería no puede hacer la vista gorda ante tales despropósitos, que como viene siendo habitual, recaen en las personas más débiles, aumentando progresivamente la precariedad laboral.
Fuente: Comunicación FASE-CGT
