1. Su repulsa por el intento de utilizar los derechos sociales alcanzados por la lucha de los trabajadores y trabajadoras, como moneda de cambio para el mantenimiento de los grandes beneficios que las empresas eléctricas obtienen de la industria nuclear.
Sería inexplicable que quienes dicen defender a los y las trabajadoras se arrodillaran ante los intereses de grandes capitalistas como las multinacionales eléctricas. Más si cabe cuando hay opciones para no sólo mantener el empleo, sino para incrementarlo, como demuestran numerosos estudios al respecto sobre la creación de empleo de las energías renovables y alternativas.
2. La CGT entiende que las decisiones sobre la política energética deben adoptarse en ámbitos más participativos y plurales, donde los intereses de toda la población se encuentren representados y debidamente defendidos.
3. Es cuanto menos sospechoso que a poco menos de un mes de la elección de Fabricio Hernández como Secretario de Estado de Energía, del Ministerio de Industria, el Gobierno manifieste abiertamente la posibilidad de modificar su acto de conceder una prórroga a la licencia de explotación de la Central.
Fabricio Hernández, como ya se han hecho eco los medios de comunicación, elaboró un informe pericial para NUCLENOR, donde se exige que se pague con dinero de todos las y los contribuyentes a las propietarias de la central (Iberdrola y Endesa) una indemnización de 951 millones de euros cuando la central ya se encuentra amortizada. El Gobierno pretende ahora hacernos creer que una persona que ha trabajado para Iberdrola, Gas Natural, Repsol, Galp, ENAGAS, Exxon Móvil, Grupo Enel, etc.. va a defender los intereses generales de la población y clase trabajadora. El pasado de este señor sería suficiente para su cese inmediato, como han exigido ya las organizaciones ecologistas y exigimos desde la CGT.
4. La CGT mantiene su exigencia de cierre inmediato de la Central Nuclear de Garoña, al haber cumplido ésta la vida útil para la que fue diseñada en el año 2009. Y en tal sentido mantiene su pretensión en el procedimiento seguido frente a la ITC/1785/2009, que concede su explotación hasta 2013.
Fuente: Secretaría de Acción Social de la CGT
