Nuestras clases políticas han asumido de hecho que la Ley de Extranjería es reformable elásticamente según en cada momento interese endurecer su articulado, lo que coloca el texto original –ahora casi inexistente- de este Ley en una especie de limbo jurídico que va de lo realmente malo a lo peor, de lo peor a lo funesto, de lo funesto a lo indigno, y de la indignidad camino directo al nuevo fascismo de los estados europeos en su guerra contra los pobres y hambrientos de este mundo.
• Nos venden su benevolencia con la barata hipocresía de haber reducido el máximo, marcado en la Directiva de la Vergúenza, de 70 días de permanencia en esas nuevas cárceles sin control ni garantías para indocumentados, a sólo 60 días… cuando en realidad lo han aumentado 20 respecto al máximo anterior de 40 días.
• Restringen todavía más la reagrupación familiar, sólo permitiendo que se puedan reagrupar a los ascendientee mayores de 65 años (es decir jubilados/as según la legislación española) a quienes han superado la dura prueba de llevar más de 5 años de estancia legal en este suelo patrio.
• Elevan el régimen de sanciones económicas a quienes infringen las normativa de extranjería hasta niveles que sólo los inmigrantes ricos pueden satisfacer, pero claro ya sabemos que los ricos – y sus capitales- son los únicos que tienen libertad de movimiento por el planeta.
• Pero además, y esta sí que es una novedad punitiva, a los nacionales que por razones de solidaridad y humanidad hagamos contratos o matrimonios “ficticios” a un/a indocumentado/a para que pueda regularizar su situación, nos podrá caer una multa entre 10.000 y 100.000 euros. De nuevo sólo las almas caritativas en cuerpos de ricos podrán permitirse ser pícaros solidarios. Pero también sabemos que los ricos no tienen estos problemas.
• Eso sí, nos consuelan por que la prohibición de entrada en caso de expulsión la reducen de 10 a 5 años, los menores de 18 años tendrán garantizada su educación – por que mejor es tenerlos entretenidos en las escuelas que en las calles-, los/as indocumentados/a por fin tendrán asistencia letrada gratuita para asegurar que se les detiene, se les retiene en centros de internamiento y se les expulsa según el estado de derecho, las ONGs podrán ejercer sus buenas acciones para con los pobres inmigrantes encarcelados en los centros de internamiento y finalmente se les reconoce los derechos democráticos de sindicación, reunión y organización a las personas sin papeles (entre otras cosas por que así lo exigía una sentencia del Tribunal Constitucional), por que ahora podrán protestar por ser expulsados, pero ya no serán expulsados además por protestar.
Todo ello por el bien de la integración de la población inmigrante y por el control adecuado de la entrada de extranjeros según los empresarios nacionales necesiten mano de obra barata para engordar sus cuentas de beneficios.
La socialdemocracia del gobierno español, sabe bien cómo repartir trozos de zanahoria para que se digieran mejor los palos incomestibles : las personas inmigrantes sin papeles ya tienen algunos derechos pero….. para no ejercerlos, o si los ejercen que se atengan a las consecuencias (detención, retención, expulsión)…
La CGT sigue en lucha por el reconocimiento de todos los derechos a las personas inmigrantes.
Secretaría de Acción Social
CGT
Fuente: Secretaría de Acción Social
