Ayer, nos concentramos en Jaén, ante la subdelegación del gobierno, para denunciar la estrategia de represión y criminalización de la protesta social y exigir la absolución de Carmen y Carlos.
Carmen y Carlos, activistas del 15M de Granada, han sido finalmente condenados a tres años y un día de prisión tras la confirmación de la pena por parte de la Audiencia Provincial.
Carmen y Carlos, activistas del 15M de Granada, han sido finalmente condenados a tres años y un día de prisión tras la confirmación de la pena por parte de la Audiencia Provincial.
Paradógicamente los activistas, que participaban en un piquete informativo durante la huelga general del 29M, tendrán que ingresar en prisión por un “delito contra los derechos de los trabajadores”. Cabe recordar que el piquete se desarrolló sin incidentes y desde la acusación no se aportaron pruebas, ni informe pericial, ni testigos y que en la sentencia se habla del “valor ejemplarizante” de la condena.
Apelaciones, concentraciones en las puertas del juzgados y más de 200 autoinculpaciones no fueron suficientes para impedir que la “justicia” vuelva a fallar contra Carmen y Carlos.
CGT denuncia que esta absurda condena no es más que una muestra de la escalada represiva que venimos sufriendo. Este año hay más de 40 procesos penales abiertos contra sindicalistas y simpatizantes relacionados con las últimas huelgas generales y las penas solicitadas suman 140 años de cárcel. Unas cifras que no se recuerdan desde el famoso Proceso 1001 en los últimos años del franquismo. Resulta relevante que, por ejemplo en 2009, un empresario que abandonó a las puertas de un hospital a un trabajador sin contrato que había perdido el brazo en su empresa fue condenado a menos de dos años, por lo que ni siquiera ingresó en prisión, mientras que Carlos y Carmen sí tendrían que hacerlo.
Para CGT, la represión a sindicalistas y activistas sociales y la pérdida de derechos civiles y libertades públicas no es más que una consecuencia de la pérdida anterior de derechos sociales y laborales. La persecución penal de la disidencia o propuestas como la de la “ley mordaza” no son más que instrumentos necesarios para acallar las protestas ante el paro desorbitado, los desahucios o las contra-reformas laborales.
