En enero de 2011, la dirección de la empresa, dentro del proceso de reestructuración de la planta de Tablada, apostó por ceder la formación para el reciclaje de los trabajadores de las áreas a externalizar a las fundaciones formativas de los sindicatos UGT y CCOO.
Este hecho, que fue denunciado en su momento por CGT, tanto en la Comisión de centro como a través de nuestros comunicados, no sólo atentaba contra la libertad de afiliación de los trabajadores, que se ven obligados a transigir con estas prácticas poco honestas, sino que genera una madeja clientelar que tarde o temprano habrá de salir a la luz, con consecuencias nefastas para la dignidad de los trabajadores y negativas e impredecibles para la empresa en su conjunto.
Este hecho, que fue denunciado en su momento por CGT, tanto en la Comisión de centro como a través de nuestros comunicados, no sólo atentaba contra la libertad de afiliación de los trabajadores, que se ven obligados a transigir con estas prácticas poco honestas, sino que genera una madeja clientelar que tarde o temprano habrá de salir a la luz, con consecuencias nefastas para la dignidad de los trabajadores y negativas e impredecibles para la empresa en su conjunto.
Ahora vuelven a la carga con esta nueva acción formativa, pactada con la dirección para el reciclaje de los últimos trabajadores adscritos a la sección de maquinarias, fuera de nuestras instalaciones, sin que conozcamos de nuevo el coste total de dichos cursos ni quién será el encargado de abonarlos. Es decir, si la factura final la paga la empresa con sus efectivos propios, o mucho nos tememos, con fondos públicos como se indica en la misma convocatoria.
En ese sentido, desde CGT queremos recordarle a la empresa, como bien dice Tom Enders cuando enumera los Principios de Integridad de la Compañía, que aquí “no sólo cuentan los resultados, sino la forma en la que los conseguimos”. Y esto también es aplicable a nuestro entorno, a los que habremos de exigir un estricto cumplimiento de todas las leyes y reglamentos aplicables en el estado español, así como un ejemplar comportamiento ético, mostrando tolerancia cero ante la corrupción. Porque, continúa Tom, “tenemos derecho a trabajar en una empresa ética, así como la obligación de ejercer este derecho”.
Y, dado que por todos es conocido el proceso abierto contra la central sindical de UGT Andalucía, con indicios racionales de criminalidad, por realizar un uso fraudulento de los fondos públicos recibidos para la Formación Profesional de los trabajadores, que ha ocasionado la detención de numerosos responsables de esta organización y de empresarios asociados a la trama, acusados de falsedad documental y fraude de subvenciones, desde CGT estamos dispuestos a consultar con el Departamento Jurídico, la Secretaría Corporativa o el Departamento de Patrocinios de Comunicación de la empresa, sobre todo lo denunciado en este comunicado y las dudas éticas que este sistema nos plantea. Todo ello esperando la misma celeridad que han adoptado para solventar otros episodios recientes, como los ocurridos en Pto. Real, en el entorno del Comité de Dirección de la planta, donde han tenido que abandonar sus cargos tres componentes de dicho Comité y el responsable de la seguridad de Airbus, así como dos responsables de la empresa Seguritas.
En CGT nunca estaremos de acuerdo con la gestión externa de la formación para el reciclaje, cuando somos nosotros mismos los que tenemos el conocimiento y las mejores herramientas para transmitirlo. Pero más aún, cuando esta formación se fundamenta en agentes de nuestro entorno salpicados de lleno por la corrupción. Y todo ello, principalmente, porque somos los trabajadores de Airbus, a través de nuestra profesionalidad, tiempo y dedicación, los que poseemos la cualificación y los conocimientos necesarios que aportan un alto valor añadido a nuestros productos y a nuestra empresa.
Dicho esto, y dado que los fondos con los que se sufragan estos cursos están subvencionados por la Junta de Andalucía y por los Fondos Europeos para la Formación, en CGT no nos temblará el pulso para solicitar la paralización de este nuevo sinsentido, toda vez descubiertos los visos de corrupción en la gestión de la Formación Profesional, por lo que solicitaremos la adopción de medidas cautelares, ya que entendemos se está vulnerando el Derecho a una Buena Administración previsto en el art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
Fuente: Sección Sindical de CGT en Airbus, Tablada
