La ley orgánica 1/2004 de 28 de noviembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, surgió como medida desesperada frente a una situación de emergencia. Pretendía acabar con la violencia contra las mujeres, aunque desde un planteamiento proteccionista y asistencialista. Va a hacer ya 4 años que se aprobó, momento en que ya desconfiábamos del papel del Estado de Derecho como agente regulador de nuestras libertades, puesto que exigía, a cambio de derechos, el condicionamiento a reglas innegociables.
Después de estos años podemos afirmar que pocas cosas han cambiado. En lo general, el hecho de que la mujer haya ganado espacio en el ámbito público no ha resquebrajado el modelo : sociedad heteronormativa y nuclifamiliar jerárquica, con una estructura económica capitalista que otorga valor sólo a la esfera pública ; mientras ésta se halla sustentada por la función doméstica y el trabajo de cuidados que siguen llevando a término las mujeres. En la gran mayoría de los casos de forma gratuita e invisible.
Desde la CGT vemos necesaria una crítica a la situación que continuamos viviendo las mujeres, provocada por la desigualdad y la discriminación estructural por motivos de género, que la ley integral contra la violencia machista no ha venido a solucionar en aquellos casos en los que se manifiesta de manera más cruel.
Queremos enunciar y denunciar las principales dificultades con la que se encuentran las mujeres que solicitan protección frente a las agresiones machistas en el ámbito familiar. Son las siguientes :
Falta de autonomía de las mujeres, que se ven envueltas en muchas ocasiones en una vorágine administrativa que decide continuamente por ellas, no siendo escuchadas ni pudiendo tomar decisiones propias, estando diseñado el itinerario independientemente de su voluntad y de sus especiales circunstancias.
Las mujeres inmigrantes sin papeles cuentan con la gran amenaza de la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Con la amenaza siempre presente de la expulsión, en el caso de las que carecen de permisos, mientras las que cuentan con una autorización de residencia, o de residencia y trabajo, se encuentran con las trabas de la Ley de Extranjería, que siempre se antepone a la Ley Integral contra la Violencia. Comprobamos, así mismo, como la administración prima como bien jurídico la situación administrativa de la mujer inmigrante, y no la vida y la integridad física y psíquica de la mujer.
Grandes diferencias a nivel geográfico, ya que la aplicación del apoyo social recogido por la ley como un derecho depende en gran medida de las administraciones locales, provocando grandes diferencias a nivel geográfico. Supeditados a las decisiones políticas del territorio, existen autonomías dónde los recursos son más bien escasos, faltando una homologación real en los servicios de atención tal y como establece la ley.
Dificultad de ejercer los derechos laborales recogidos en la Ley 1/2004, en su capítulo 2. Es decir, los cambios de horarios, cambios de centro de trabajo, las ausencias y las faltas de puntualidad justificadas, etc. por causa de la precariedad laboral de las afectadas (empleos precarios, medias jornadas, economía sumergida) siendo la consecuencia más frecuente el despido.
Ayudas económicas de auténtica miseria, las destinadas a las mujeres que sufren violencia y no consiguen trabajar remuneradamente. La Renta Activa de Inserción y Ayuda al pago único, aplicable en el primer caso es de 407 euros, año 2008. Y cuando hablamos de las segundas los requisitos para su cobro son muy restrictivos.
Respecto a las Casas de Acogida, la ley recoge la adaptación de las actuales para convertirse en centros de recuperación integral, que garanticen terapia psicológica, seguimiento legal, apoyo social y educativo ; pero la realidad es bien distinta. En el funcionamiento y coordinación de este recurso hay una gran dispersión y diversidad. No hay un criterio común y consensuado que garantice la calidad y eficacia del servicio. Muchas casas de acogida ofrecen su gestión a empresas de servicios que contratan profesionales sin experiencia, con unas condiciones de trabajo inestables y mal remuneradas. Muchas son gestionadas por asociaciones de mujeres de carácter conservador, asistencial y religioso, desvirtuándose en demasiadas ocasiones el papel que deben desempeñar.
Repercusión de la violencia patriarcal al resto de la familia, no sólo a las mujeres, siendo especialmente vulnerables las y los menores, sin contar con una protección efectiva frente a la situación que viven.
Incumplimiento de la disposición respecto a implantar la asignatura obligatoria “Educación para la igualdad y contra la violencia de género”, que figura en la ley que denunciamos. No sólo no se ha creado, sino que no se destina ni un solo euro en la educación igualitaria, una educación que promueva la autonomía de las mujeres en el plano personal, laboral y económico, buscando la distribución de roles, públicos y privados. También es urgente y necesario abordar la educación amorosa y sexual, analizando cómo construimos los vínculos amorosos.
La realidad, por tanto, nos muestra que la labor legislativa, con ser importante, no es suficiente para resolver los problemas que nos acosan. Siguen siendo habituales las situaciones que afectan a mujeres que han sufrido violencia en el ámbito doméstico, encontrándose desprotegidas y sin recursos, a pesar de las responsabilidades familiares que tienen que afrontar y que acaban viéndose abocadas inevitablemente a sufrir penurias personales y la exclusión social.
Para nosotras, las mujeres que conformamos la CGT, hablar de erradicar la violencia contra las mujeres, supondría la deconstrucción de todo un imaginario simbólico que conforma la realidad desigual en la vivimos.
Esta tarea corresponde a todos y todas las que pertenecemos a la sociedad. No podemos pensar en delegar toda la responsabilidad y las atribuciones en un Estado patriarcal y capitalista.
Por un lado, nuestras estrategias de lucha, de autoorganización y autodeterminación como mujeres, no pueden ser obviadas por las instituciones. Queremos ser mujeres libres, fuertes, autónomas que usen todas sus capacidades para defenderse, reivindicando la autodefensa feminista sin esperar a que venga a salvarnos el Estado, que perpetúa y garantiza un sistema patriarcal.
Y, por otro lado, hay que exigirle a ese mismo Estado que no solo asuma los discursos de los movimientos feministas, sino que asuma sus contenidos. Y que lo haga con los suficientes recursos y seriedad. Solamente de esta manera se podrá decir sin mentir, que se está actuando en la protección y prevención de la violencia machista.
¡¡ Frente a la violencia machista, Autodefensa Feminista !!
Fuente: Secretaría de la Mujer de la CGT
