Balance anual, del Grupo “Recuperando la Memoria Histórica y Social de Andalucía”, sobre de las políticas de memoria andaluzas.
Como cada año cuando se acerca la fecha del 14 de junio, la elegida por la Ley de Memoria andaluza para conmemorar el Día de la Memoria, en el colectivo RMHSA-CGT.A aprovechamos para publicar nuestras reflexiones e ideas sobre lo acontecido acerca de la Memoria Histórica en el último año y nuestras inquietudes y perspectivas de futuro.
Foto: Higuera de la Sierra. Buscando a las mujeres de Zufre (Huelva).
No cabe duda de que este año se puede caracterizar con una sola palabra: parálisis. La inacción en cuanto a la Memoria Histórica ha sido sin duda la característica más notoria de este periodo. Esta inacción lo es a distintos niveles: inacción de una administración autonómica que ni cree en la necesidad de reparar a las víctimas de la dictadura ni va a hacer en esta materia nada sin que se le presione para ello. Creemos necesario resaltar que la falta de iniciativas de exhumación de fosas comunes (con alguna honrosa excepción como Pico Reja en Sevilla o Higuera de la Sierra en Huelva) es algo que a nadie le puede coger por sorpresa. La exclusividad de la administración a la hora de gestionar las exhumaciones hace posible este efecto perverso que estamos sufriendo.
Cuando se discutía y tramitaba la Ley de Memoria, este grupo ya denunció y alegó en contra de la Ley, el hecho de que la administración se arrogase la exclusividad en las exhumaciones y la obligatoriedad del visto bueno de esa misma administración para poner en marcha una exhumación. Así, si la administración no quiere que se exhume, la Ley le da herramientas para que su fin se pueda cumplir sin mucho problema. Por desgracia, es fácil comprobar que teníamos razón.
Otro peligro se adivina más o menos cercano. Se oyen campanas de que el comisionado de la concordia está estudiando que la concesión de las exhumaciones sea “a lo grande”; es decir, que se contraten con una “empresa grande”. ¿Qué significa eso? Si las campanas se confirman, el nicho de mercado de la memoria abandonaría definitivamente el marco de las pequeñas concesiones y se convertiría en uno en el que conseguir beneficios. Pero, sobre todo, significaría que familiares y asociaciones memorialistas quedarían aún más fuera de las actuaciones. Ya lo están de decisiones como esta, ahora también lo estarían hasta de acceder a ellas. No es que antes hubiese una política de trasparencia y apertura en la toma de decisiones y la gestión de las exhumaciones, pero es que ahora, más allá de las buenas palabras que se dieran, se daría un paso de gigante hacia la “despolitización” de estas intervenciones para irlas reduciendo a algo meramente técnico y administrativo.
Foto: Plaza de la Gavidia noviembre de 2008
Esta parálisis también afecta a la convocatoria de subvenciones, que lleva varios meses de retraso en su resolución. Como otras tantas cosas, tememos que la riada del virus se haya llevado el presupuesto y no se reponga. Así, nos quedaremos con la duda de si un proyecto memorialista de referencia en Andalucía, y en todo el Estado, como es “Todos (…) los Nombres” se pudiera quedar fuera de dicha convocatoria por un discutible y absurdo defecto de forma en una decisión que entendemos como totalmente arbitraria. Así lo habíamos escuchado y eran más que campanas.
Tampoco se resuelven las señalizaciones de Lugares de la Memoria pendientes ni la declaración de nuevos emplazamientos. Esta organización tiene solicitudes pendientes en cuanto a este asunto y sin duda seguiremos insistiendo esté quien esté en el poder autonómico: hace unos días hicimos público un catálogo de las peticiones que hemos hecho, concretando cuáles han sido concedidas y cuales viven en el limbo. La última noticia que hemos tenido de la Administración Autonómica ha sido la del nombramiento para “Comisionado para la Concordia” de una persona absolutamente desconocida para el movimiento memorialista. Interpelada la Consejera por el perfil escogido, la única razón que ha dado es que se trata de “una persona estupenda”, aunque lo único estupendo del asunto es el sueldo aparejado al cargo. Sobre la denominación “concordia”, ya decíamos en el comunicado del año pasado que no la comentábamos por absurda, pero es hora de decir algo al respecto: para que haya concordia, si es que queremos que la haya, que ese es otro debate, primero ha de haber verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Ese término intenta poner en el mismo plano a víctimas y verdugos, y por ahí evidentemente no vamos a pasar. Entendemos el nombramiento y el cambio de denominación como la punta del iceberg de las intenciones de la Junta: acabar con todo atisbo de política de dignificación con las víctimas del franquismo y la asunción de postulados revisionistas que, aunque desacreditados histórica, social y jurídicamente, son aceptados por la base electoral de la derecha y la extrema derecha parlamentaria.
El Gobierno Central tampoco arranca a realizar políticas de Memoria que se parezcan lo más mínimo a lo prometido en campaña electoral, lo que tampoco coge por sorpresa a nadie. De momento, muchas buenas palabras y casi ninguna buena acción (algún nombramiento con buen sueldo no ha faltado, eso sí), con la conocida y celebrada excepción de la exhumación de los restos del dictador de Cuelgamuros que, si bien nos alegra porque empieza a derribar el significado simbólico de ese mausoleo realizado con fuerza de trabajo esclava, nos deja la amargura de ver que trasladan al sátrapa a un lugar del que el Estado se hace cargo y mantiene económicamente.
La inacción también la podemos observar en las actividades memorialistas promovidas por las distintas asociaciones. Muchas pusieron todos los huevos en la cesta de la Ley y, una vez conseguida esta (creían que la promulgación de una ley sería la panacea), quizás pensaron que estaba todo hecho, que el Estado llevaría a cabo las acciones que, desde el año 2000 (algunos incluso antes), han llevado a cabo las asociaciones memorialistas. Ahora nos topamos con la realidad: las publicaciones, jornadas, homenajes, folletos, y todo tipo de actividades que antes hacían las asociaciones, ahora con la ausencia de implicación de las distintas instituciones del Estado (local, provincial, autonómico y central) han decaído ostensiblemente. El resultado: ahora no las hacen ni las asociaciones ni tampoco el Estado. Aunque es justo señalar que esta pasividad se explica, en parte, por el estado de alarma y el confinamiento obligatorio. Esta situación ha impedido, justo en el mes de abril, el más proclive a la acción memorialista en diversas localidades y centros de enseñanza, el desarrollo de numerosas iniciativas memorialistas de diversas entidades, en las que, algunos integrantes de este colectivo participábamos (Ayamonte, Utrera, Curso de Verano de San Roque, etc.). En esta línea, habría que elogiar el empeño de algunas asociaciones por celebrar sus jornadas a través de Internet, logrando más audiencia, incluso, que si fueran presenciales.
Nosotros, más proclives a defender la memoria que la Ley de Memoria, seguimos, acertada o erróneamente, con la senda apartidista y no gubernamental que nos ha caracterizado. Hoy día, con una extrema derecha envalentonada y recurriendo a acciones violentas de destrucción de señalizaciones, placas, etc., seguiremos en las calles y donde seamos necesarios defendiendo la Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo, exigiendo y promoviendo la localización y exhumación de las fosas del franquismo, apoyando a las familias que, por miles, todavía siguen buscando a sus deudos, poniendo verdad e historia en donde no había sino odio y mentiras y denunciando los atentados contra la memoria que vemos casi diariamente, vengan de donde vengan.
