No es sorprendente que tras la reciente constitución del nuevo Gobierno de coalición,se empiecen a diluir todas sus promesas de los últimos meses y salgan a relucir las verdaderas intenciones del nuevo ejecutivo respecto a diferentes materias.
La primera en mostrar dichas intenciones ha sido la vicepresidenta Primera y Ministra de Economía, Nadia Calviño, quien ha declarado su intención de reformar el cobro del subsidio por desempleo para mayores de 45 años. Según sus declaraciones, pretende, por un lado, ampliar la franja de edad para que esta prestación la perciban personas menores de esa edad sin cargas familiares y, por otro, que dicha prestación tenga carácter regresivo, es decir, que se reduzca la cuantía por tramos y que disminuya el tiempo de percepción (pasando de los 30 meses actuales a los 12 meses que se establecen en la propuesta). Pocas horas después, la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desdiciendo a su compañera en el Gobierno, exponía que el subsidio no se aplicaría de manera regresiva y que la única modificación que se va a producir sería la de poder cobrarlo siendo menor de 45 años (sin tener cargas familiares). Sin entrar a valorar la “pelea” entre ministras, que nos es completamente indiferente, sí entramos a valorar lo que supone esta actuación.
De llevarse a cabo, esta medida no hace otra cosa que afianzar y legitimar la pobreza al asumir como bueno el hecho de que cobrar 480 euros mensuales pueda llevar a pensar que con esa cantidad se puede vivir, mantener una familia, tener fuerzas suficientes para buscar activamente trabajo,etc. Más aún en la situación en la que vivimos donde la inflación, el precio de la cesta de la compra, la factura energética, los alquileres e hipotecas… hacen que la vida de millones de personas, incluso percibiendo un salario, sea insostenible.
Este tipo de prestaciones tan limitadas y condicionadas obliga a quienes la perciben a aceptar cualquier oferta de empleo, creando y fomentando así el trabajo precario y con condiciones laborales miserables. Esta propuesta del Gobierno corrobora su nula intención de llevar a cabo medidas dirigidas a que la clase trabajadora pueda vivir de manera más digna, continuando con su postura de seguir aplicando las políticas neoliberales de la UE y olvidándose de los problemas reales del pueblo al que dice representar.
En CGT creemos que es clara la necesidad de implantar una Renta Básica de las Iguales, tal y como venimos proponiendo desde hace años por parte de nuestra organización, y que con el paso del tiempo y viendo la deriva de los diferentes gobiernos, se hace más necesaria que nunca. Una Renta Básica cuya cuantía garantice, al menos, que cada persona pueda vivir de una manera digna, sin ser esclavo de un mercado laboral capitalista que antepone los beneficios empresariales al bienestar de la clase trabajadora.
Secretariado Permanente del Comité Confederal
