Con motivo de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, CGT, en colaboración con Ecologistas en Acción y Baladre, va a sacar una serie de materiales que denuncien las políticas y la propia lógica de la construcción de la UE.
Lanzaremos dos preguntas cada semana.
Parte de esos materiales serán textos cortos, concebidos para una aproximación a distintos aspectos. Otros serán un análisis más profundo. Los puedes encontrar todos aquí.
Preguntas de la semana:
¿Sabías qué es el TTIP?
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés) es el nuevo modelo de tratado de libre comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos desde junio de 2013, con la intención de crear la zona de libre comercio mayor del mundo.
Preguntas de la semana:
¿Sabías qué es el TTIP?
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés) es el nuevo modelo de tratado de libre comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos desde junio de 2013, con la intención de crear la zona de libre comercio mayor del mundo.
¿Por qué ahora?
EEUU y la Unión Europea están perdiendo poder económico y político, y otros países, especialmente China, les están desplazando como mayores economías, exportadores y proveedores de inversión extranjera directa. El TTIP pretende por tanto consolidar los intereses geopolíticos y recuperar el poder y el protagonismo de ambas potencias, declarando una guerra comercial a países terceros.
¿Quién y cómo se está negociando?
De manera formal, por parte de la Unión Europea es la Comisión Europea quien tiene el mandato de las negociaciones; y de la otra, el propio Gobierno de EEUU. Sin embargo, desde su origen, son los grandes lobbies empresariales de un lado y otro quienes presionan y participan de manera activa en ellas: industria automovilística, farmacéutica y agroalimentaria, empresas de servicios, bancos, fondos de inversión…
Las negociaciones además, están produciéndose de espaldas a la población, con un alto carácter secreto sobre su contenido, y sin participación y apenas consulta a la sociedad civil, e incluso con mucha desinformación hacia los Gobiernos de los países de la propia UE.
¿Qué regulará?
Dado que los aranceles entre la UE y EEUU son ya muy bajos, este nuevo modelo de tratado se centra en la liberalización de todos los sectores y en conseguir una armonización legislativa, es decir, unificar leyes a ambos lados del Atlántico, con el fin de reducir costes y “retrasos innecesarios” para las corporaciones.
Un capítulo especialmente polémico es el de la protección de las inversiones, por el cual cualquier inversor privado internacional puede desafiar, ante tribunales internacionales poco transparentes, cualquier legislación (ambiental, laboral o social) que interfiera con sus beneficios. Por ejemplo, una moratoria al fracking (técnica muy contaminante de extracción de petróleo o gas) o una regulación sanitaria de sustancias tóxicas pueden ser objetos de demandas a los Gobiernos.
¿Qué supondrá?
Se ahondará en los recortes en los derechos laborales, justificados por la reducción de costes y basados en la política antisindical de EEUU (que no ha ratificado convenios de la OIT) y en las reformas laborales impuestas por la Troika [link a www.troikaparty.eu/es] (Comisión Europea, FMI, BCE).
La liberalización de cada vez más sectores económicos profundizará en las privatizaciones de servicios públicos, cuyas consecuencias ya son conocidas.
La armonización legislativa a la baja, aplicando la legislación más beneficiosa para las grandes corporaciones afectará a:
- Políticas medioambientales y del derecho a la salud: se flexibilizará el uso del fracking, se aumentará la producción y venta de transgénicos, el uso de toxinas y sustancias peligrosas, entre otros, que cuentan con legislación más favorable en EEUU.
- La agroindustria se verá favorecida en detrimento de las pequeñas explotaciones más sostenibles, y por tanto se resentirá la soberanía alimentaria y la calidad en la alimentación.
- Sobre propiedad intelectual y uso y acceso a internet: se aplicará la legislación norteamericana que facilita la vigilancia cibernética y el acceso a datos personales, y pena el compartir archivos en la red; y además blindará las patentes, reduciendo por ejemplo la posibilidad de acceso a medicamentos genéricos.
Y a todo esto se añadiría, a través de los mecanismos de protección de las inversiones, que los Gobiernos se encontrarían maniatados para la puesta en marcha de las políticas públicas sociales y medioambientales destinadas a proteger a la ciudadanía, en beneficio del gran capital.
Fuente: http://noalttip.blogspot.com.es/
Todas las preguntas anteriores las puedes encontrar en:
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www.ecologistasenaccion.org/dequevalaue
- ¿Quién toma las decisiones en en la UE?
- ¿Es legítima la deuda de la UE?
- ¿Qué tienen que ver las reformas laborales con la UE?
- ¿Es la UE el paladín de la lucha contra el cambio climático?
- ¿Sabes cuánto invierte la UE en defensa y quién se beneficia de ello?
- ¿Cómo están evolucionando las desigualdades en la UE?
- ¿Qué es el MEDE?
- ¿Cuáles son las políticas de inmigración en la UE?, ¿cómo se toman dichas medidas?
- ¿Por qué el BCE no puede prestar dinero a los Estados?
- ¿Reducen las políticas de la UE la brecha de género?
- ¿Qué es el Pacto del Euro Plus?
- ¿Qué impactos tienen las políticas de la UE en el mundo?
- ¿Cuál es la política energética de la UE?
- ¿Cómo influyen las empresas privadas en la toma de decisiones de la UE?
¿Cuál es la política energética de la UE?
El Tratado de Lisboa sitúa a la energía en el centro de la actividad europea, de hecho, dota a la energía de una nueva base jurídica que no poseía en los tratados precedentes. Esto no es de extrañar, pues sin un aumento del consumo energético no hay crecimiento económico posible. Además, Europa tiene una fuerte dependencia del exterior: importa el 70% del petróleo que consume y el 50% del gas. La Unión Europea, segunda economía mundial, consume una quinta parte de la energía que se produce en el mundo.
Por ello, la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeos han ido poniendo en marcha una serie de políticas encaminadas a garantizar un suministro creciente a precios asequibles. Una de las políticas fundamentales han sido los denominados “objetivos 20-20-20”, que debían cumplirse antes de 2020 y que se basaban en tres puntos: reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de las emitidas en 1990, que un 20% de las energías consumidas procedan de fuentes renovables y 20% de mejora de la eficiencia energética de la UE. Sin embargo, en enero de 2014 el objetivo de energías renovables se cayó de la agenda. Sin contradicción, desde la perspectiva de la UE, con este objetivo, la Unión también favorece los agrocarburantes, la energía nuclear o la importación de los petróleos más contaminantes, como las arenas bituminosas de Canadá.
En realidad, a la UE no le importa la sostenibilidad ni la lucha contra el cambio climático, sino sostener su competitividad a nivel internacional teniendo más acceso a la energía y, a ser posible, más diversificado y autóctono. Por supuesto siempre lo más barato posible.
Estamos atravesando ya el pico del petróleo y, en breve, vendrán en del gas, el carbón y el uranio. Esto implicará, inevitablemente, que la energía será cada vez más cara e inaccesible. En lugar de intentar adaptarse a esta nueva realidad, la UE sigue viviendo en el pasado intentando incrementar su uso energético, cuando esto es ya imposible.
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¿Cómo influyen las empresas privadas en la toma de decisiones de la UE?
En la UE hay unas 15.000 personas pagadas por las principales empresas transnacionales que se dedican a presionar en los organismos de la UE. En otras palabras, realizan labores de «lobby» o cabildeo. Por ello no es de extrañar que, en la mayoría de las ocasiones, la legislación de la UE y sus tratados se parezcan sospechosamente a las peticiones de los grandes capitales europeos.
Entre los principales grupos de presión empresariales en la UE destacan BusinessEurope, la patronal europea y la ERT (Mesa Rendonda de Industriales). La ERT es un club privado en el que solo se puede entrar con invitación. En él se aglutianan más de 50 multinacionales con base en Europa, entre las que se encuentran las españolas Inditex, Telefónica, Iberdrola y Repsol. Además, hay numerosas organizaciones creadas expresamente para cada uno de los sectores.
El foco de estos grupos de presión se centra en las grandes políticas de la UE. Sus éxitos son notables. Por ejemplo, la ERT recoge en su página web, sin ningún rubor, cómo ha sido determinante en la configuración de:
- El Mercado Único: «Jacques Delors, anterior presidente de la Comisión Europea (1985-1995) y uno de los principales defensores del Mercado Único, ha reconocido públicamente el importante papel desempeñado por la ERT en este área».
- Tratado de Maastricht y la unión monetaria: «Los miembros estuvieron activos en el diseño y la puesta en marcha exitosa del calendario de Maastricht basado en la adopción del euro como la moneda única en 1999 y la introducción de billetes y monedas de euro en 2002.»
- Agenda de Lisboa: «Los miembros de la ERT han contribuido a la preparación de la Agenda de Lisboa con el objeto de hacer Europa ‘la economía más competitiva y dinámica basada en el conocimiento del mundo’ para el año 2010».
Pero el trabajo incesante en la defensa de sus intereses no se restringe a las grandes líneas de actuación de la UE, sino que también desciende a las políticas concretas, como la de cambio climático, las negociaciones actuales para la puesta en marcha de un tratado de libre comercio con EEUU, la reforma bancaria, o la apuesta por la competitividad (es decir, la reducción de los derechos laborales y sociales, la bajada de salarios, o la reducción de los objetivos de «lucha» contra el cambio climático).
El mecanismo básico de actuación de los grupos de cabildeo es el acceso directo a los principales actores de la Unión. Por ejemplo, recientemente la ERT se ha reunido con Barroso, Merkel y Hollande para hablar de la próxima reunión europea sobre competitividad. Además de estas reuniones, también se organizan eventos previos a las cumbres europeas que abordan los mismos temas y tienen a los mismos protagonistas invitados. Este es el caso de la reunión organizada por BusinessEurope dos meses antes de la Cumbre de Primavera de la UE.
Finalmente, otro ejemplo claro del poder de las finanzas en la UE son los gobiernos pasados de Grecia e Italia. Sus primeros ministros fueron depuestos y, en su lugar se colocaron, a iniciativa del Consejo, a “tecnócratas” para implantar una serie de fuertes ajustes sociales, laborales y ambientales. Casualmente, tanto el Primer Ministro griego como el italiano que fueron impuestos sin ninguna votación para sacar adelante las medidas de ajuste estructural, procedían de Goldman Sachs, al igual que el presidente del BCE. Si bien estos son los casos más descarados, no son los únicos: no hay más que mirar el currículum Gobierno español.
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¿Reducen las políticas de la UE la brecha de género?
La brecha de género es la diferencia entre la tasa masculina y femenina en la categoría de una variable. Por ejemplo, en la UE la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 16,2%. Esto quiere decir que, de media, las mujeres cobran un 16,2% menos que sus compañeros, por el mismo trabajo.
Existen otras variables, como la tasa de paro, que presenta una brecha entre mujeres y hombres del 10,9%; el riesgo de pobreza (26,1% frente al 24,2%), reparto de tareas domésticas y de cuidados (una media de
6 horas dedicadas por las mujeres a estas tareas, frente a 2 horas y 20 minutos de los varones). Además, un 80% de las cuidadoras son mujeres. El trabajo a tiempo parcial y precario se ceba especialmente con las mujeres (un 31,5% de las mujeres, frente a un 7,8% en los hombres), mientras que las mujeres en puestos de dirección son minoría (sólo un 5% son mujeres responsables en entidades financieras europeas) etc. La gran mayoría de estos datos demuestran la desigualdad en términos negativos para las mujeres.
Junto a la brecha de género se usan otros indicadores, como el índice de concentración, de distribución y de feminización, todos ellos para indicarnos que las discriminaciones y la opresión de las mujeres siguen existiendo dentro de los países que forman la UE. Podemos recurrir a cualquiera de las estadísticas oficiales para buscar y confirmar estos datos.
Como ha quedado claro en otras respuestas sobre las UE y sus políticas e instituciones, la UE es una supra organización NO democrática, basada en los principios de acumulación y beneficio de unas pocas empresas y entes financieros. Sin embargo, para aparentar una imagen de institución democrática, crea algunas otras (como el Parlamento Europeo) o incluye dentro del Derecho Comunitario algunos principios fundamentales, como el de la igualdad entre hombres y mujeres o el de no discriminación por razón de sexo.
A su vez, dentro del presunto cumplimiento de estos principios generales de igualdad y no discriminación, la UE ha instaurado algunas instituciones como el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, el Comité consultivo de igualdad de oportunidades y la revisión del equilibrio de los comités y los grupos de expertos creados por la Comisión. Realiza unos Informes periódicos y destina fondos a proyectos con el supuesto objetivo de acabar con la desigualdad y la discriminación (programas Progress, EQUAL, etc.).
Pero todo ello conlleva una enorme contradicción: si la UE desenmascarada se basa en los principios de la economía capitalista de máximo beneficio de unos pocos, que utiliza a las mujeres mano de obra precarizada, complementaria, barata y disciplinada. Estos principios agudizan y consolidan la división sexual del trabajo que nos esclaviza e invisibiliza como mujeres, pero de la que tanto necesitan para mantener el modelo de enriquecimiento explotador.
El ejemplo claro son los ajustes económicos que nos vienen imponiendo desde la propia Comisión Europea y que están precarizando más aún nuestras vidas. Dichos ajustes repercuten en la disminución del presupuesto destinado a desarrollar o mantener las insuficientes políticas de igualdad, lo que consolida e incrementa las desigualdades existentes, pese a las otras políticas minúsculas de “lavado de cara”.
La lógica del capital y de los mercados -que es el motor de la UE entra en absoluta contradicción con la lógica de los cuidados, que tiene como finalidad sostener la vida, satisfacer necesidades y generar bienestar. La UE obvia totalmente la esencialidad del cuidado de la vida por el mero hecho de haber sido asignados históricamente estos papeles a las mujeres y por ello, haber sido recluidos en el ámbito de lo “privado” o doméstico (la alianza entre el capitalismo y el heteropatriarcado). El principio de acumulación de la riqueza por parte de unas pocas élites del capital productivo y financiero, que además es uno de los objetivos de la UE, va de la mano de la insostenibilidad de la vida y no rompe con los esquemas de opresión y desigualdad, sino que los consolida. ¡Que no nos engañen!
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¿Por qué el BCE no puede prestar dinero a los Estados?
Según el artículo 104 del Tratado de Maastrich, el Banco Central Europeo (BCE) no puede prestar directamente a los Estados ni comprar su deuda, de manera que cuando estos necesitan dinero prestado lo tienen que pedir a los bancos privados o emitir deuda pública. La diferencia estriba en que obtener el dinero directamente del BCE no tendría interés (o un interés bajísimo) mientras que obtenerlo de la banca privada supone pagar intereses mucho más elevados.
Esto reporta enormes beneficios para los bancos privados, ya que reciben el dinero prestado del BCE a un interés que ronda el 1%, mientras que lo prestan a los Estados a intereses en torno al 5% (aunque en ocasiones han llegado al 15%).
En el caso del Estado español, si se calcula la diferencia entre los intereses que han venido pagando las administraciones públicas y lo que habrían tenido que pagar al tipo de interés oficial con el que el BCE presta el dinero a las entidades privadas, sólo en el periodo del 2008 al 2013 se obtiene un sobrecoste de más de 100.000 millones de € que tiene que desembolsar la población española a la banca privada. Sólo con esta cantidad se podrían haber evitado la mayor parte de los recortes sociales.
Una estimación rápida del sobrecoste de financiación para toda la Zona Euro teniendo en cuenta el volumen de las deudas públicas del resto de los estados y los tipos de intereses soportados, arroja a una cifra superior al billón de euros desde que comenzó la crisis.
Lo más paradójico es que el dinero que prestan a los Estados los bancos proviene en muchas ocasiones de los mismos Estados, como ha ocurrido en el caso de los rescates bancarios. Este es otro claro ejemplo de cómo la construcción de la UE se ha hecho pensando en los intereses de los grandes bancos y corporaciones y no en sus ciudadanas/os.
Puesto que el hecho de que el BCE no pueda prestar dinero a los estados es una decisión política (en EEUU, por ejemplo, la Reserva
Federal sí puede prestar a las administraciones públicas), que sólo beneficia los intereses particulares de los grandes bancos, perjudicando al resto de la población, la deuda derivada de este sobrecoste es una deuda odiosa, que debe repudiarse.
¡No debemos, no pagamos!
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¿Qué es el MEDE?
Se conoce como MEDE al Mecanismo Europeo de Estabilidad. Es un organismo intergubernamental para los países de la llamada «zona euro» cuyo objetivo expreso es salvaguardar la estabilidad financiera de la moneda. Para ello, podrá «movilizar fondos y proporcionar apoyo a la estabilidad, bajo una estricta condicionalidad». Esto es, hará préstamos sujetos a condiciones neoliberales. Revisará periódicamente el cumplimiento de dichas condiciones y contará con todo la fuerza de la UE para sancionar los incumplimientos.
Los fondos del MEDE los aportan los países suscritos de forma proporcional al tamaño de su población. Y estos fondos son los que otorgan la capacidad de voto. Así, entre Alemania, Francia e Italia pueden conseguir la mayoría simple. Este organismo es una muestra más de la falta de democracia real en la UE, puesto que está fuera de cualquiera de los tratados vigentes y no debe someterse al control parlamentario.
El MEDE prevé cinco instrumentos de asistencia financiera. Uno de ellos permitirá rescatar países que ni siquiera lo hayan solicitado, en el caso de que el Consejo de Gobernadores del MEDE considere que está en riesgo la estabilidad de la zona euro. Otro está pensado para rescatar directamente a la banca de un país, siendo el responsable último del préstamo (y de las condicionalidades) dicho país y no el sector bancario. En otras palabras, el MEDE tiene expresamente previsto un mecanismo de socialización de las pérdidas de los bancos.
Las actividades del MEDE están libres de impuestos directos y los estados deberán devolver los impuestos indirectos que el MEDE hubiera pagado. A esto se suma que el personal del MEDE, así como sus directivos, gozan de inmunidad de jurisdicción en sus actividades oficiales.
El capital autorizado del MEDE asciende a 700 000 millones de euros. Puede parecer una cifra muy elevada, pero si la comparamos con la deuda pública española (952.014 millones de euros en noviembre de 2013) o la italiana (2.068.722 millones), constatamos que no alcanza para rescatar las finanzas públicas de estos países, si fuera necesario.
Entonces, ¿para qué sirve? Realmente, no persigue acabar con el problema de la deuda, sino que pretende «estabilizarla», volverla «sostenible» y, de paso, garantizar que los Estados aplican las políticas neoliberales. Desempeña la misma función que tuvo el FMI en la crisis de la deuda de los años 80. Es un ejemplo claro de que la UE es un proyecto para beneficiar al capital y no para las personas.
FUENTES:
Documento fundacional del MEDE
Programa de Asistencia financiera del MEDE a España-Revisión de otoño de 2013
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¿Cuáles son las políticas de inmigración de la UE? ¿Cómo se toman dichas medidas?
La Unión Europea aborda el tema de las migraciones desde una perspectiva economicista: la libre movilidad de las personas y las trabajadoras y trabajadores (comunitarios) por la Unión exige suprimir las fronteras internas. Pero también exige levantar controles más precisos en las fronteras exteriores, para todas aquellas personas extracomunitarias.
Las personas extranjeras sólo son tenidas en cuenta en la UE como trabajadoras/es útiles a las economías nacionales. Por eso, tanto su acceso al territorio de la UE como su movilidad por él están severamente restringidos. En cuanto a sus derechos ciudadanos o su integración social, la UE simplemente se desentiende.
El territorio de la Unión está abierto a la libre circulación de capitales y personas. Cualquier ciudadana/o de la Unión podrá libremente instalarse, trabajar, invertir…y exigir el cumplimiento de sus derechos en cualquiera de los estados pertenecientes a la Unión.
¿Cuál es el concepto político-jurídico de ciudadanía que sustenta la UE?
- Toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro posee la ciudadanía de la Unión, que se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla”.
- Los ciudadanos de la Unión serán titulares de los derechos y sujetos de los deberes previstos en el Tratado de la Unión. Tienen el derecho: – de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros; – de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales en el estado miembro en el que residen…” (Tratado de la Unión).
Desde la concepción que nuestra civilización occidental sustenta, ser ciudadana/o significa ser portador de derechos. Derechos que son universales (Carta de NNUU), inalienables, inherentes a la persona y fuera de las concretas políticas, así como de las leyes del mercado.
Todos los individuos extra-comunitarios, es decir, de fuera de los estados de la Unión y sin nacionalidad de cualquiera de estos estados miembros, carecen del status de ciudadana/o. Son considerados de segunda categoría, puesto que se rigen no por el Derecho Comunitario (Tratado de la Unión, Carta de Derechos Fundamentales, etc.), sino por el derecho de extranjería vigente, bien de forma unificada -Espacio Schengen-, bien de forma estatal –leyes de extranjería en cada estado-. Los inmigrantes tienen derechos como extranjeros, pero no como ciudadanos. Y si no tienen papeles, sus derechos se ven menguados al mínimo, como ha ocurrido con el Real Decreto-ley 16/2012 de reforma sanitaria en el Estado Español, que ha puesto fin al derecho a la sanidad universal.
En la política sobre migraciones de la UE es esencial el Acuerdo de Schengen, vigente desde 1995. Unifica el control de las fronteras en un doble sentido: por una parte, desaparición de las fronteras interiores, y por otra, fortalecimiento de fronteras exteriores para impedir inmigraciones no funcionales al mercado y para controlar los flujos migratorios de todos los países de la UE, a excepción de Irlanda y Reino Unido. De todos modos, el propio espacio Schengen ha sido puesto en entredicho cuando las ampliaciones de la UE propiciaban las migraciones de personas de los países del Este recién incorporados. Así, Bulgaria, Rumanía y Chipre han visto cómo la Comisión Europea les negaba la entrada en el espacio Schengen, y por consiguiente, negaba a sus ciudadanas/os la libertad de movimientos. Eso demuestra, una vez más, que los discursos «paneuropeos» y de fraternidad no son más que retórica.
El objetivo que establece la UE en materia migratoria no persigue fines humanitarios, ni vela por el bienestar. Es un objetivo meramente económico. “La Unión desarrollará una política común de inmigración destinada a garantizar, en todo momento, la gestión eficaz de los flujos migratorios (Artículo III-267)”. Mediante leyes o leyes marco europeas se fijan las condiciones de entrada y de residencia, visados de larga duración y de permisos de residencia, incluidos los destinados a la reagrupación familiar. Se definen los derechos de estas personas de terceros países que se encuentren situación regular. También diseñan los procesos de expulsión y repatriación para quien no esté regularizado. Estas leyes permiten que se repitan sucesos como la tragedia de Lampedusa o las concertinas en Ceuta y Melilla.
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¿Sabes cuánto invierte la UE en defensa y quién se beneficia de ello
¿Sabías que el gasto militar de los países de la UE supera los 200.000 millones de euros al año?
¿Sabías que Reino Unido, Francia, Alemania e Italia figuran entre los diez países con mayor gasto militar en el año 2012?
¿Sabías que, contando los efectivos de los ejércitos en Europa, de las fuerzas “paramilitares” y de las fuerzas de reservistas, Europa cuenta con más de 6.000.000 de personas adiestradas y dispuestas para la guerra y para la intervención militar?
¿Sabías que 24 de los 28 países de la UE coordinan su política militar bajo la OTAN?
¿Sabías que la UE ha participado hasta la fecha en treinta y cinco operaciones militares en el exterior, contando con fuerzas militares propias y de los Estadosmiembros? ¿Sabías que puede desplegar entre 50-60.000 soldados a más de 4.000 km de distancia en menos de sesenta días y mantenerlos durante un año en guerra?
¿Sabías que la UE mantiene el segundo complejo militar industrial más potente del planeta y que la suma de las ventas anuales de armas de las industrias militares de países de la UE superan los 115.000 millones de dólares anuales? ¿Te suenan de algo las empresas BAE Systems, EADS, Finmeccanica o Thales? BAE Systems factura al año en venta de armas 29.150 millones de dólares, EADS factura 16.390 millones; Finmeccanica, 14.560 y Thales, 9480 millones.
¿Sabías que la UE cuenta con estructuras militares propias que duplican las de los Estados: un Estado Mayor de la Defensa, una Agencia Europea de Defensa, un Comité Militar, un servicio de espionaje, cuarteles generales, cuerpos de ejército, entre otros?
¿Sabías que existe una “doctrina” de seguridad de la UE en cuya definición y control no pinta nada ni el Parlamento Europeo, ni ninguno de los órganos representativos de la UE?
¿Sabías que la política del Frontex desarrolla un planteamiento militar para el tratamiento de las migraciones?
La política de seguridad de la UE está altamente militarizada y tiene un enfoque ofensivo e intervencionista. Existe un potente lobby militar que influye decisivamente en dicha política y en la construcción de un polo militar-industrial que promueve la venta de armas y la exportación de conflictos internacionales. Toda esta política se paga con los impuestos de la ciudadanía y se practica de espaldas a la sociedad y sin contar con su opinión. Es insolidaria con las necesidades sociales europeas y del resto del mundo y únicamente busca fortalecer los intereses de la oligarquía del capital. Se puede aspirar a la desmilitarización de la defensa en Europa y en el planeta y a la apuesta por la seguridad humana en vez de la seguridad militar. Pero la UE no lo hace.
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¿Cómo están evolucionando las desigualdades en la UE?
Un análisis de las políticas sociales seguidas por los países industrializados en la UE muestra tres momentos diferenciados.
El primer periodo, década de los 80 y primeros 90, se caracteriza por los cambios efectuados en las políticas sociales. Las Instituciones de la UE optan por reformas que convierten los Sistemas de Protección Social Universales y Públicos en Sistemas Mixtos, es decir, aquellos de financiación pública pero con producción privada. Además, son segmentados (contributivos, no contributivos, asistenciales, etc.) y se fijan distintos niveles de protección. Domina la ideología de «las ventajas de lo privado», que sirve de excusa para poner en manos del mercado lo que antes estaba en la esfera pública. Se pasa de la concepción “ciudadana/o portador de derechos” a “usuaria/o consumidor de servicios”. En estos momentos, por paradójico que parezca, no solo no disminuye el gasto público total, sino que aumenta en unos 11 puntos sobre el PIB en los países industrializados. Las partidas con el crecimiento más fuerte son las de pensiones y sanidad.
El segundo período, desde 1992 hasta 2008, estuvo determinado por la reestructuración de políticas económicas (entrada del euro) y políticas fiscales (reducción de gastos como forma de compensar los déficit, en lugar de aumentar ingresos). Esto acentúa la vulnerabilidad del sistema ante las fuertes presiones del mercado y los procesos de integración económica supranacionales conocidos como «globalización». La unificación de las políticas económicas y fiscales, con dos referencias clave, el Tratado de Maastricht (93) y Pacto de Estabilidad (97), supone problemas comunes a los sistemas de protección social. Las mismas políticas en todos y cada uno de los estados miembros de la UE, producen en este momento un estancamiento en el volumen de gasto social en torno al 26% del PIB.
El tercer período, desde el estallido de esta crisis, es regido por el Pacto del Euro y el Pacto Fiscal. El volumen de gasto social disminuye de manera drástica y especialmente en los países del sur europeo, incrementándose la desigualdad hasta extremos insoportables.
Se recortan los gastos de prestaciones y en especial las pensiones, la sanidad y la prestación de desempleo. Se instala la idea de “estado Asistencial” ante situaciones de necesidad imperiosa, suplantando al “estado de Bienestar”.
Las consecuencias de éstas políticas se visibilizan en el análisis de cada una de las partidas del gasto. Aumenta la vulnerabilidad social, al crecer la pobreza, la exclusión social, la inseguridad y precariedad laboral y la sociedad de control (ausencia de libertad, leyes especiales de extranjería, mayores poblaciones reclusas).
Estas políticas neoliberales desmantelan los servicios públicos favoreciendo la privatización. No corrigen el desequilibrio y la deuda en materia de cuidados, sino que los agravan. Al transferir a la “esfera privada” cuidados, como escuelas infantiles, atención a la dependencia, etc. aquellas mujeres que no pueden afrontar los precios se ven obligadas a sobrecargarse, puesto que la sociedad sigue siendo profundamente patriarcal y los cuidados no están repartidos equitativamente. La mayoría de las personas consideradas pobres en Europa son mujeres. Son las más afectadas por la discriminación en materia de empleo, salarios y salud.
Estas políticas producen pobreza, desigualdad y exclusión social, a la vez que benefician a unos pocos con las privatizaciones y los rescates. Las ciudades y las regiones periféricas del mundo ven aumentar las bolsas de pobreza. Nuevas formas de exclusión del derecho a la salud en los países de la UE se relacionan con la desigual distribución y acceso a los servicios y a los recursos entre naciones y territorios regionales y entre trabajadoras/es autóctonos y extracomunitarios. La sociedad es cada vez más desigual.
Pretenden extender la idea de que el único modo para salir de la crisis es “volver al puro mercado como regulador de las relaciones económicas y sociales, de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda”. Sin embargo, ese modelo capitalista ha causado 27 millones de personas paradas en la UE; el 13% de la población ocupada en situación precaria; el 15% de la población por debajo de los umbrales de pobreza; millones de inmigrantes (mano de obra barata, esclava), a quienes se les niega cualquier derecho de ciudadanía y se les utiliza como ejército de reserva, fomentando el racismo y la xenofobia en las sociedades de acogida; sociedades cada vez más desestructuradas con regresión y desarraigo social; deterioro ecológico y medio ambiental, posiblemente irreversible.
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¿Qué tienen que ver las reformas laborales con la UE
El Pacto del Euro, o Pacto por la Competitividad, impone unas políticas económicas de obligado cumplimiento que suponen un nuevo giro de tuerca sobre las condiciones de vida de la mayoría. Así, establece diferentes obligaciones en materia salarial, laboral, de pensiones, etc:
- Los salarios deben vincularse a la productividad y dejar de estar vinculados al Índice de Precios. Esto supone cambiar las reglas de la negociación Colectiva, desvinculando los salarios del coste de la vida, a la vez que se limita el nivel de centralización de los convenios colectivos y se exige una flexibilidad interna. Esto es, exige terminar con el poder contractual sindical en la fijación de las condiciones de trabajo sobre jornada (tiempo de trabajo), organización de trabajo (turnos, sistemas de retribución, etc.) y despidos. Socava gravemente la negociación colectiva.
- La UE planifica y exige reformas laborales que aborden la flexibilidad y la disponibilidad unilateral del contrato por parte del empresario.
- El Pacto por el Euro y el Pacto Fiscal “recomiendan” el aumento de la edad de jubilación y la reducción de la cuantía de la pensión. La UE fomenta los Planes Privados de Pensiones.
- Exige incluir en la legislación del país con rango constitucional (como ya ha hecho toda la clase política en España) el equilibrio financiero, es decir, el déficit y también el pago de la deuda como prioridad. Con esto se persigue garantizar que los acreedores de la deuda cobren no sólo el principal, sino también los intereses. Y endurece las penalizaciones para quien no cumpla.
- Incentiva la recapitalización de la Banca. Esta es una medida clara de socialización de las pérdidas causadas por la especulación y la mala praxis. En cambio, las ganancias siguen siendo exclusivamente privadas.
La Comisión Europea interviene en los Presupuestos de cada estado miembro para vigilar que cumplen con todas las políticas acordadas. Lo hace mediante el procedimiento conocido como “Semestre europeo”.
Ya había desaparecido del Tratado de Lisboa la posibilidad de exigir y ejecutar derechos esenciales (huelga, tiempo de trabajo, negociación colectiva, etc) En el Pacto del Euro no aparece lo social, ni siquiera como retórica. Está ausente cualquier referencia mínima a los casi 27 millones de paradas /os y sus condiciones de inseguridad. Lo que aparece, en cambio, es toda una política anti-social y anti-trabajadoras/es, que son convertidos en meras mercancías de usar y tirar, para garantizar la tasa de beneficios del capital.
Según Eurostat, en enero de 2014 había en la UE-28, 26,231 millones de personas en paro. De ellos , el 23% se encuentran en el estado español (6 millones). El 2 de febrero de 2011 Gobierno, Sindicatos y Empresarios pactaron las políticas del Pacto del Euro que se aplican en el estado español, el denominado “Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones”. Enterraron así las dinámicas de movilización para revertir las salidas antisociales a la crisis.
En el Estado español, la flexibilidad laboral había quedado garantizada con la Reforma Laboral plasmada en la Ley 35/2010 del gobierno Zapatero. Aún más grave ha sido la Reforma Laboral del gobierno del PP 3/2012. Flexibilidad y disponibilidad unilateral por el empresario, en todo el recorrido del contrato, desde la entrada y la permanencia a la salida. Las Pensiones fueron ajustadas a los criterios fijados por la UE. El retraso de la edad de jubilación y la disminución garantizada de la cuantía de la pensión son aspectos que quedan fijados en sus recortes con la Ley 27/2011 de PSOE, CEOE, CC.OO y UGT y con la Ley 23/2013 del PP sobre el índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad. Los ajustes para reducir el déficit y la deuda a los criterios señalados por la UE afectan tanto al mercado privado (devaluación masiva de salarios a través de la falta de aplicación de los convenios o bajadas directa de los salarios), como al público: disminución salarial a todo el personal que trabaja en las distintas AAPP, despidos colectivos para el personal laboral y reducción del empleo público, con tasas de reposición 0.
Y todo ello en base a la absoluta prioridad de crear las condiciones laborales, sociales y políticas para fomentar “la competitividad”. Esto ha conllevado la privatización de servicios esenciales para las poblaciones. Al mismo tiempo se produce una reducción de los costes del trabajo, a través o por medio de políticas que incrementen la flexibilidad, la movilidad de la fuerza de trabajo y la capacidad de ajuste (despido, horas extras…) según el ciclo económico (recesión, crisis, estancamiento o crecimiento).
Es la muerte del trabajador/a, como asalariado y como persona social, pues se le transforma su naturaleza política/jurídica (persona con derechos) al convertirle en un mero factor de producción de capital.
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¿Es la UE el paladín de la lucha contra el cambio climático
La UE se derrite hablando de la importancia de luchar contra el calentamiento global. Así, la Comisión Europea, en las citas internacionales, apuesta por las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero más ambiciosas. Y la UE no solo habla, sino que también actúa: ha cumplido los objetivos marcados por el Protocolo de Kioto.
Sin embargo, esto se ha conseguido con un ejercicio de «contabilidad creativa» basada fundamentalmente en el desplazamiento de una parte de la producción a los países emergentes y a los más empobrecidos y, por lo tanto, también se han desplazado las emisiones de gases de efecto invernadero. Si se tienen en cuenta los productos que la UE consume pero que se producen en otros lugares del mundo, la cuenta de las emisiones de la UE deberían aumentar en un 30% aproximadamente, lo que aleja a la UE del cumplimiento real de Kioto. En paralelo, pudiera parecer que los sectores financieros, esenciales para la UE, consumen menos energía comparativamente, pero eso supone olvidar que la economía financiera tiene repercusiones inmediatas sobre el medio ambiente, puesto que influye y presiona a la economía real.
La UE se derrite hablando de la importancia de luchar contra el calentamiento global. Así, la Comisión Europea, en las citas internacionales, apuesta por las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero más ambiciosas. Y la UE no solo habla, sino que también actúa: ha cumplido los objetivos marcados por el Protocolo de Kioto.
Si se miden las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial se comprueba que no paran de crecer. Los dos únicos periodos recientes en los que se ha producido una reducción en las emisiones de CO2 globales han sido provocados por fuertes crisis económicas: el colapso del bloque soviético y la Gran Recesión actual. Esto se debe a que el consumo de energía y el crecimiento del PIB se interrelacionan directamente: más crecimiento del PIB implica un consumo de energía equivalente. Y, un mayor consumo energético implica una mayor emisión de gases de efecto invernadero. En un mundo globalizado, las cuentas deben calcularse a nivel global para no hacer trampas.
La UE ha sido muy hábil para crear nuevos nichos de mercado aprovechando el cambio climático. Entre estos destacan la compraventa de derechos de emisión en las bolsas, o la extensión del control del agua por parte de las multinacionales europeas.en aquellos lugares donde es previsible que disminuya su disponibilidad a causa del cambio climático
En realidad a la UE solo le interesa el crecimiento, lo que, inevitablemente, implica más cambio climático y destrucción ambiental.
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¿Quién toma las decisiones en la UE?
En la UE 28, las decisiones ejecutivas son tomadas por la Comisión Europea. Elabora directivas que son de obligado cumplimiento para todos los estados miembros, si el tema está transferido a la UE. También establece las prioridades generales de gasto a largo plazo para la Unión en lo que se denomina el «marco financiero» de la UE. Y elabora el presupuesto. La Comisión está formada por 28 comisarios, uno por cada país de la UE, que tienen un mandato de cinco años. No son elegidos democráticamente, sino que los designa el Consejo Europeo. El actual Presidente de la Comisión Europea es José Manuel Durão Barroso, que renovó por su segunda vez su mandato en febrero de 2010.
A su vez, el Consejo Europeo reúne a los jefes de Estado o de Gobierno de cada país de la UE, al presidente de la Comisión y al presidente del Consejo Europeo, que es quien preside las reuniones. Recordemos que los jefes de Estado son elegidos con sistemas electorales no proporcionales y que suelen contar con el apoyo de menos de la mitad de sus poblaciones. Actualmente, y hasta finales de noviembre de 2014, el presidente del Consejo es Herman Van Rompuy.
No hay que confundirlo con el Consejo de la Unión Europea, formado por los ministros de cada temática. El famoso “Ecofin”, por ejemplo, que toma decisiones económicas que nos afectan a todas y todos, es el Consejo de la Unión que reúne a los ministros de Economía y Hacienda. Además, es muy decisiva en nuestras vidas la labor del Banco Central Europeo (BCE), que es quien gestiona la moneda y, por lo tanto, la política monetaria. Esto lo hace sin ningún control público posible.
El Parlamento Europeo, único órgano electoralmente elegido, no tiene iniciativa legislativa (no puede proponer leyes) y solo tiene potestad para validar o rechazar las que le llegan de la Comisión o el Consejo.
Un ejemplo claro de quién manda: La Comisión Europea interviene en los presupuestos de cada estado miembro, antes de que lleguen siquiera a los Parlamentos estatales, para vigilar que cumplen con las medidas neoliberales que emanan de los órganos de la UE, según dictan el Pacto del Euro o Pacto Fiscal. Es lo que se conoce como «Semestre europeo».
Las directivas europeas condicionan toda la política de los estados: mercados de trabajo, políticas de inmigración, desplazamiento de trabajadoras/es, mercados interiores y exteriores, transportes, competencia, alimentación, medio ambiente, agricultura, soberanía alimentaria, etc. Sin embargo, los pueblos que van a sufrir esas políticas no tienen oportunidad de elegir a quien va a elaborarlas.
Si a esta falta de democracia añadimos la presencia muy activa de más de 15.000 lobbistas y 2.500 empresas que presionan de forma regular a las instituciones europeas, es fácil darse cuenta de que la política de la UE persigue favorecer intereses privados. Con sus injerencias, condicionan y manipulan las iniciativas legislativas de la UE. Ante todo esto, es necesario cuestionar nuevamente el papel de la UE. ¿Hasta qué punto los lobbies han determinado las políticas de la Unión Europea? ¿A quién sirven las instituciones europeas?
Fuentes:
http://europa.eu
http://corporateeurope.org/
www.lobbyingspain.com
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¿Es legítima la deuda de la UE?
las instituciones europeas se insiste en que el principal problema de las economías de la UE es la deuda pública, pero cuando se analizan los datos de la deuda de los estados de la UE observamos algo bien distinto. A finales de 2011, la deuda pública de los estados de la Zona Euro suponía sólo 15% del total de la deuda, mientras que la deuda privada (de las familias, de las empresas no financieras y de la banca) suponía el 85% restante.
Gráfico deuda:
Ante este grave volumen de sobreendeudamiento del sector privado, lo que más preocupa a los gobiernos y banqueros es el impago de esta deuda. Por ello, desde el comienzo de la crisis financiera, se están afanando por convertir esta deuda privada en deuda pública. El más claro ejemplo lo tenemos en el rescate de la banca española que, ya desde antes del comienzo de la crisis, ha recibido la friolera de 1,42 billones de € de ayudas públicas. Para poder salvar a la banca, el Estado español se ha tenido que endeudar más aún y ha tenido que hacer duros recortes en los servicios sociales básicos para la población como son la sanidad, la educación o las pensiones. Y esto mismo ha ocurrido en la mayor parte de los Estados de la UE, especialmente los de la periferia europea (España, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal).
Así pues, esta deuda, en origen privada y convertida en pública, es, a todas luces, una deuda ilegítima, ya que lejos de ayudar a la población a paliar los daños socioeconómicos de la crisis, los ha agudizado aún más.
Pero la perversión de la deuda no reside sólo en la injusticia de hacernos cargar a todas las personas con una deuda que no es nuestra, sino en su utilización para someter a las poblaciones europeas a los dictados de “los mercados”, a los intereses de los poderes financieros. Así, los rescates llevan asociados toda una serie de condiciones que, con la excusa de sanear las economías de los países rescatados, permiten a organismos tan poco democráticos como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, conocidos como la Troika, intervenir en las políticas nacionales y secuestrar sus soberanías. Esta injerencia ha provocado, en el caso del Estado español, la reforma de la constitución en su artículo 135 para priorizar el pago de la deuda sobre el gasto social.
Por tanto, esta deuda ilegítima debe ser repudiada y no pagada.
¡NO DEBEMOS!, ¡NO PAGAMOS!
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