El Decreto-Ley 5/2010, el 6/2010 o ahora el Proyecto de Ley de Reordenación del sector público andaluz, representa un paso más en la dinámica de privatización y gerencialización que la Junta lleva años implantando y que ha dado lugar a la precarización del empleo público, al uso de la administración y los servicios públicos como plataforma de lucha política y de financiación y afianzamiento del poder partidista y a la creación de una administración duplicada y paralela en la que no rigen los criterios básicos del empleo público, ni respecto a su acceso ni respecto a sus derechos.
La agencialización total de la Administración que implica este intento de reordenación implanta la productividad capitalista como criterio de gestión en todos los sentidos, con el consiguiente deterioro de las condiciones de trabajo y por tanto de los servicios publicos prestados a l@s ciudadan@s. Sin empleo público (de calidad, estable, con acceso por criterio de mérito, en igualdad y transparencia) no hay Servicios Públicos… para nadie.
La agencialización total de la Junta da carta de naturaleza a la administración paralela, a sus trabajador@s mileuristas sobreexplotad@s contratad@s por currículum y despedibles, a sus retribuciones basadas en conceptos no salariales productivistas no consolidables y asignados a criterio de l@s todopoderos@s gerentes… y también a la consolidación en sus puestos de miles de fieles al PSOE (con carné) que convierten sus designaciones a dedo en contratos fijos de alta dirección para ejecutar con mano de hierro y formas despóticas los criterios de privatización neoliberal.
La agencialización significa el despido paulatino, tratando de no hacer demasiado ruido, de centenares de trabajador@s precari@s (temporales, eventuales, intermitentes, interin@s…) que se van a la calle para dejar su hueco en las ya existentes empresas públicas a l@s funcionari@s y laborales agencializad@s que antes o después terminarán heredando sus precarias condiciones laborales. Esto ya se está produciendo, como demuestra el despido de nuestro compañero Luis Martín en EGMASA, que ha llevado a cabo una ejemplar huelga de hambre en las pasadas semanas.
La agencialización lleva al terreno de una negociación colectiva fragmentada las condiciones particulares de casi cada trabajador/a, gestionadas generalmente por los sindicatos CC.OO. y UGT, quienes con la firma del acuerdo de aplicación que dio lugar a la segunda versión del decreto-ley ya han dejado clara su postura y su estrategia para el futuro : vender a l@s trabajador@s a cambio de puestos en los consejos de administración de las futuras agencias, con sus sueldos y dietas exageradas, y de cuantiosas subvenciones para formación y enormes bolsas de horas de dedicación sindical.
A l@s trabajador@s se nos dice que nuestra integración será voluntaria, lo cual es cuando menos poco creíble, pero en cualquier caso la realidad va a ser la siguiente (puesto que ya hemos sufrido experiencias similares durante todos los años que lleva la Junta creando esa administración paralela que ahora generaliza el D.L.) :
Si no nos integramos nos quedaremos aislad@s, sin posibilidad de mejora alguna (ni salarial, ni promoción, ni traslado…), con el VI Convenio del Personal Laboral en suspenso, etc. Nada recomendable salvo que te queden meses para jubilarte.
Si nos integramos (y lo haremos dado que nos ofrecerán mejoras iniciales para animarlos a hacerlo y tampoco tendremos alternativa), las ventajas irán desapareciendo, la negociación colectiva y los nuevos convenios nos harán ir sufriendo los criterios de productivismo más abusivo, nuestro sueldo dependerá de la arbitrariedad de jef@s, jefezuel@s, jefecill@s y comisari@s polític@s o sindicalist@s que negociarán a nuestras espaldas, de manera que sufrir una baja repercutirá gravemente en nuestro sueldo, nuestras pensiones peligran con este panorama (y por las futuras reformas que el gobierno ya anuncia), nos obligarán a echar horas extraordinarias, etc., etc.
Por último, sea por no integrarse, sea por situaciones transitorias pactadas, seguirá habiendo funcionari@s, estaturari@s y laborales sujet@s al VI Convenio, pero cada vez menos. Y cada vez que se jubile un@ su puesto no lo ocupará otr@, no, lo ocupará un/a trabajador/a precarizad@, sujet@ a un convenio progresivamente de peor calidad, a cláusulas de descuelgue firmadas individualmente, a la arbitrariedad de un/a jef@, a las condiciones generales implementadas por la pasada reforma laboral y a un proceso de selección mediante curriculum en manos de un/a jef@ de personal y no de un Tribunal Calificador de pruebas.
No se nos olvide : Sin trabajador@s públic@s no hay servicios públicos… para nadie. Acude y hazte oír.
Manifestación unitaria en defensa del sector público andaluz
Por la retirada del Proyecto de Ley de Agencialización
Contra las políticas neoliberales
Contra la Reforma Laboral y de las Pensiones
Ni un paso atrás
FECHA : Sábado 22 de enero de 2011
HORA : A las 12:00 horas
LUGAR : Sevilla. Salida desde el Palacio de San Telmo ; Llegada al Parlamento de Andalucía
CONVOCAN : Plataforma de Empleados/as Públicos/as de Andalucía (PEPA), Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía, Asociación El Tercer Lado, CSI-F, CGT-A, SAT, USO, USTEA.
MANIFIESTO CONSENSUADO POR SINDICATOS Y PLATAFORMAS DE FUNCIONARIOS DE LA JUNTA
POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, NO A LA PRIVATIZACIÓN
Hace casi seis meses desde que el 28 de julio de 2010 se publicó en el BOJA, bajo la forma de un Decreto-Ley, la Reordenación del Sector Público Andaluz. El Gobierno de la Junta de Andalucía, bajo el pretexto de una supuesta “reordenación” de la Administración pretende la mercantilización y posterior privatización de los servicios públicos. Lo intentó primero mediante Decretos-Leyes (5 y 6/2010) ; aplicándose y en vigor, y ahora con la tramitación de éstos como Proyecto de Ley.
Con este modelo que pretenden imponer, se vulnera la transparencia y la independencia de la gestión pública.
Se ataca, en primer lugar, a la ciudadanía que pierde, en el tratamiento de los procedimientos administrativos, garantías de imparcialidad y objetividad, y que verá cómo algunos de dichos procedimientos, tan cruciales como la asignación de ofertas de empleo, la selección de residencias para la tercera edad, la elección de colegio, la recepción de la pensión no contributiva o la tramitación de subvenciones, pasan a depender del arbitrio de una empresa cuya dirección está fuertemente partidizada.
Se ataca, en segundo lugar, a quienes opositan y optan legítimamente a su derecho de acceso al empleo público, porque el acceso a la función pública, con el surgimiento y desaforado crecimiento de la Administración Paralela, se está viendo y se va a ver drásticamente limitado.
Y, en tercer lugar, se ataca a los trabajadores y trabajadoras del sector público andaluz
ya sean funcionarios de carrera o interinos, laborales (fijos, temporales o eventuales)- dado que se limita la movilidad geográfica y la promoción. No habrá durante muchos años OEPs o serán raquíticas y se propicia y facilita el futuro despido colectivo, creando mayor inestabilidad laboral y perpetuándose situaciones de precariedad y desigualdad, hoy existentes.
No queremos un modelo de reordenación que legalice situaciones irregulares. Al crear la figura de las agencias empresariales y especiales se ha pretendido y se pretende seguir derivando a éstas las funciones y la prestación de los servicios públicos. Con ello se continuarán vaciando de competencias a las diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía y de funciones a los empleados públicos, funcionarios y laborales, legítimos detentadores de dichas competencias.
A modo de ejemplo, dos acontecimientos recientes que entendemos ilustran hacia dónde nos dirigimos : hacia un modelo de administración “a la inglesa” en la que despedir a 500.000 trabajadores y trabajadoras públicos es un mero trámite. Y hacia un proceso de privatización encubierta, como ha sucedido con AENA, que ha sido, mediante Decreto, privatizada de la noche a la mañana, demostrando una vez más qué nos depara el futuro con el modelo de las agencias (llamado Agencialización).
Nuestra Comunidad Autónoma precisa de una profunda reordenación del Sector Público, efectivamente, pero nosotros queremos un modelo de reordenación SIN AGENCIAS ni cualquier otra fórmula de Administración Paralela ni de gestión privada.
Queremos que no se lesionen ni nuestra dignidad, ni nuestros derechos constitucionales como ciudadanos, como empleados públicos y profesionales de la Administración.
Queremos que se adapten las Relaciones de Puestos de Trabajos a las necesidades de gestión y prestación de servicios, aumentando así las Ofertas de Empleo Público a las que todo ciudadano pueda acceder en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, con procesos selectivos de concurrencia competitiva con publicidad, de acuerdo con el Art. 23.2 de la Constitución Española.
No queremos un modelo de reordenación que les dé más poder a los medios y altos cargos, a la cúpula de esos entes instrumentales de la Administración Paralela, que se escapa del control político y financiero del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas, respectivamente.
No queremos que se fomente la Administración vertical con intereses partidistas y que, a golpe de “ordeno y mando”, de arriba a abajo, se presione a los empleados públicos, que son despojados de herramientas jurídicas para ejercer su imparcialidad, neutralidad y objetividad.
Queremos un modelo de reordenación en el que las potestades públicas sean ejercidas de forma independiente y en defensa del interés general, con objetividad e imparcialidad, por funcionarios públicos.
No queremos un modelo de reordenación que destruya puestos de trabajo estables y convierta a la Administración Pública en un nuevo nicho de empleo precario. No queremos un modelo de reordenación que fomente la pérdida del control sobre el gasto público.
Queremos un servicio público sin despilfarro y que conserve el patrimonio de todas las personas que somos andaluces y vivimos en Andalucía.
El afán neoliberal de achicar el estado y mercantilizar los servicios es lo que hay detrás de estas medidas que suponen un golpe de gracia a la Administración Pública de la Junta de Andalucía. Es por ello por lo que exigimos la derogación de los Decretos 5 y 6/2010 y la paralización del actual trámite parlamentario del Proyecto de Ley de Reordenación, al que consideramos un mal clon de los anteriores.
Los cambios necesarios no son éstos. Salimos a la calle a exigir que se siga el cauce y trámite legal y reglamentario de todo Proyecto de Ley, que incluye, por imperativo legal, un amplio debate ciudadano donde participen, a través del correspondiente trámite de audiencia, todos los sectores implicados : Plataformas de Empleados Públicos y de Opositores, Asociaciones, Sindicatos, trabajadores y trabajadoras de la Junta, y ciudadanía, de cara a una reforma de la Administración que garantice los derechos de todos.
SIN EMPLEADOS PÚBLICOS NO HAY SERVICIOS PÚBLICOS Y SIN SERVICIOS PÚBLICOS PASAMOS DE SER CIUDADANOS CON DERECHOS A SER CLIENTES
Fuente: CGT Andalucía
