Es un hecho que la represión política de los últimos tiempos afecta cada día más gente, colectivos y entornos. Cada vez tenemos más compañeras, amigas o familiares afectadas por un caso judicial u otro que conlleva un desgaste ingente de energías, de incertidumbres y sufrimientos para hacerles frente. La represión que utiliza el Estado nos quiere aisladas, atemorizadas, asfixiadas y angustiadas. A la vez que buscan hipotecar nuestras vidas, también quieren hacer lo mismo con nuestras luchas. Nos atacan por atrevernos a luchar.
Nos han atacado por interponer nuestros cuerpos y nuestra determinación contra los políticos y la aprobación parlamentaria del primer paquete de recortes antisociales en junio de 2011. Nos han atacado por tomar las calles y hacer -ni que fuera por un día- que el miedo cambiara de bando durante la huelga del 29 de marzo de 2012. Nos han atacado por defender Can Vies y resistir con todo l’ímpetu y la rabia que nos provocan al desalojar cualquiera de nuestros apreciados espacios de vida y de lucha.
Nos han atacado por interponer nuestros cuerpos y nuestra determinación contra los políticos y la aprobación parlamentaria del primer paquete de recortes antisociales en junio de 2011. Nos han atacado por tomar las calles y hacer -ni que fuera por un día- que el miedo cambiara de bando durante la huelga del 29 de marzo de 2012. Nos han atacado por defender Can Vies y resistir con todo l’ímpetu y la rabia que nos provocan al desalojar cualquiera de nuestros apreciados espacios de vida y de lucha. Nos han atacado por formar parte de redes relacionales, de afinidad y de lucha del ámbito anarquista y antiautoritario en varias operaciones represivas en pocos meses, con el agravante añadido que contiene que el Estado nos califique de terroristas (las Operaciones Pandora y Piñata). Nos han atacado por estos y tantos otros casos que este texto se queda corto para adentrarnos mínimamente en ellos …
Nos atacan porque desde el poder saben que ponemos en duda sus instituciones, sus políticas y leyes y sus mecanismos tolerados y legales de protesta. Saben que nuestras luchas dan frutos reales, son contagiosas y radicalmente transformadoras. Tienen miedo y por eso nos atacan.
Vivimos una situación marcada desde hace unos años por un drástico reajuste económico que ha empeorado y pauperitzat las condiciones de vida de las clases populares. Esto ha pasado a la vez que se han destapado muchas de las desigualdades, privilegios y miserias que se esconden bajo la alfombra del sistema, ejemplificado en cosas tan palpables como que los beneficios de las grandes empresas no han dejado de crecer en ninguno de los años de la «crisis» o que la sangrienta corrupción no ha hecho más que ilustrar la impunidad y vínculos de las élites políticas y económicas.
Paralelamente, durante estos años ha surgido un importante ciclo de luchas con muchas experiencias autoorganizadas de protesta y toma de las calles y plazas, vinculadas muchas veces a movimientos sociales que se han ido desarrollando otros movimientos políticos contestatarios que también se han fortalecido y ganado presencia. Algunos hitos de luchas recientes, como las vinculadas al 15-m, en Can Vías o en las huelgas generales han quedado marcadas en las retinas de muchísima gente y han mostrado que no resignarnos nos permite -como mínimo- hacer tambalear la realidad que nos quieren imponer.
Sabemos que donde hay lucha hay represión. Y más considerando que cualquier lucha que haya sido efectiva ha tenido que contemplar sin arrepentimiento la necesidad de traspasar, de una manera u otra, el límite de la legalidad. Como era de prever, la maquinaria represiva se ha puesto a pleno rendimiento. Los múltiples casos mencionados ponen de manifiesto la dureza y contundencia con la que el Estado confronta a quien osa luchar, utilizando todos los recursos judiciales y legales que tiene a su alcance. Así, en los diferentes procesos destacan habitualmente las peticiones de pena máxima por parte de la fiscalía, el cuestionamiento global de las protestas por parte de los jueces, las condenas con un claro contenido político, la presencia de tribunales de excepción como la Audiencia Nacional , la aplicación del derecho penal de enemigo -en el que se castiga antes por lo que se pueda pensar que por lo que se pueda hacerlo o el uso del contundente dispositivo antiterrorista que existe en el Estado Español y que permite solicitar penas mucho más largas y utilizar medidas excepcionales contra las detenidas. A todo esto debemos añadir el trato que en general dan los medios de comunicación a la hora de cubrir los casos, haciendo gala de la manipulación o el silenciamiento y, cuando toca, también de ensañamiento y la criminalización más descarada.
El Estado está claramente inmerso en un proceso de blindaje contra la disidencia política y la protesta en la calle. La aprobación de la ley Mordaza y el nuevo Código Penal supone dejar el paso cerrado a la protesta social, con la aplicación de importantes multas y penas relacionadas con muchas de las acciones reivindicativas que se han estado haciendo estos últimos años. Se suma a estas regresivas leyes un nuevo pacto antiterrorista en el que la definición de terrorista ha hecho de manera tan calculadamente vaga y poco concreta que aquí podrá entrar cualquier cosa … Y este blindaje va paralelo al incremento y desarrollo los cuerpos antidisturbios de la policía y del material que utilizan, así como de las unidades especiales de información e investigación destinadas tanto a las movilizaciones y protestas en la calle como perseguir específicamente entornos políticos contestatarios.
Hemos decidido juntar nuestras fuerzas para hacer visible que, aunque tocadas en diferentes lugares, momentos y circunstancias, tenemos claro desde donde y por qué nos reprimen. Estar juntas y volver a llenar las calles de nuestra rabia y fuerza es la mejor manera enfrentar sus ataques, dotando de significado aquello de que «la solidaridad es nuestra mejor arma».
Fuente: CGT - Barcelona
